lunes, 9 de enero de 2017

Lógica doméstica

La mayoría de la gente hace gala de un buen sentido común cuando se atiene a los problemas de la vida cotidiana, a las cuestiones domésticas del día a día, sea en lo que se refiere a la economía, la educación, las relaciones personales o la seguridad de la familia. Por supuesto hay familias disfuncionales y claro está que todos cometemos errores o tomamos alguna mala decisión pero en términos generales la gente tiene lo que podríamos llamar una adecuada lógica doméstica.

Sorprendentemente esa misma gente lanza al cubo de la basura ese sentido común cuando se trata de cuestiones a nivel de política nacional o internacional. Ante problemas esencialmente idénticos a los que enfrenta en su día a día, esa gente, por alguna razón, pasará a plantear soluciones diametralmente opuestas a las que usa en su vida cotidiana para el mismo tipo de problemas.

Veamos algunos ejemplos:
En economía cualquier familia que pasa por un periodo de crisis tiende a hacer lo mismo, reduce el gasto, establece una serie de prioridades de gasto eliminando lo superfluo y priorizando aquello más importante, intenta aumentar los ingresos, etc… Esa misma gente cuando quien está en crisis económica es el país piden que no se deje de gastar, que se mantenga todo tipo de gasto público, sea un hospital o una tv pública que nadie ve, piden que no se cambie nada de nuestro sistema laboral a pesar de un desempleo rampante, proponen todo tipo de contratación pública olvidando de donde obtiene el dinero el estado, etc…

Cuando de seguridad se trata la contradicción es aún más palpable. Todos tenemos puertas en casa, muchos rejas en las ventanas, no conozco a nadie que duerma con la puerta abierta y un cartel que diga “pase sin llamar”, y si alguien toca en nuestra puerta nos aseguramos de saber muy bien quién es el que quiere entrar. Mucha de esa misma gente, sin embargo, dirá que no debe haber fronteras, que cualquiera que quiera entrar en España debe  poder hacerlo, que no se deben construir vallas o muros, o cuelgan donde gobiernan un vistoso cartel de “ welcome refugees”.

Lo mismo ocurre con las relaciones personales, todos somos selectivos en lo relativo a con quien nos relacionamos o con quien queremos que se relacionen nuestros hijos. La mayoría de progenitores quieren que sus hijos se relacionen a ser posible con gente que tenga unos valores parecidos sin embargo a nivel internacional pedirán sin empacho que nuestros amigos y aliados sean países con valores incluso diametralmente opuestos a los nuestros.

 ¿Cómo se llega a esta inversión de la lógica? ¿A qué se debe?

Sería tema de discusión pero dos me parecen las causas fundamentales, una la tiranía de los expertos y otra la ideología.

Empezando por esta última, está claro que la ideología juega para mucha gente el mismo rol psicológico que la religión, es decir la necesitan para dar sentido a sus vidas ya que si se les quita sufren un vacío insoportable, de ahí que muchos ni siquiera se plantean modificar sus creencias aunque la razón y los hechos las demuestren equivocadas, en franca contradicción con el sentido común. Ante los evidentes fallos de su ideología buscarán excusas en un intento de que su “Creencia” se mantenga intacta.

La tiranía de los expertos, por otro lado, se produce debido a la necesidad de estos de justificar su trabajo y su papel en la sociedad. Si cualquiera puede hacer o entender lo que ellos hacen ¿quién los necesitaría? De ahí su afán de complicar la comprensión de materias que quizás no tienen nada de complicado. Se da obviamente en el campo de las humanidades las cuales se afanan en emular a las ciencias en complejidad o método de trabajo. Una característica común a este fenómeno es la tendencia a crear un lenguaje específico deliberadamente oscuro.

Solo nos queda denunciar esta situación y manifestar que ese “sentido común doméstico” es muy adecuado, y que la gente debe confiar en el de cara a posicionarse ante los problemas que enfrenta el país o la escena internacional. La gente  debe confiar en sí misma y no dejarse embaucar por charlatanes y expertos que solo alimentan sus propios intereses.

viernes, 7 de octubre de 2016

Servicio de Defensa Nacional (2ª parte. Cuestiones)


-           ¿Hasta qué edad se podría solicitar realizar el Servicio?

Aplicar el criterio que se utiliza en los países con servicio militar obligatorio, es decir el de que a los dieciocho todos tienen que prestar el servicio, no parecería lógico. Todo el mundo sufre algún tipo de evolución ideológica y no parece sensato establecer que a los dieciocho tengas que tomar una decisión definitiva, del tipo ahora o nunca, acerca de un hecho tan importante. Por otro lado si el servicio se pudiese prestar a cualquier edad hay quien podría querer hacerlo una vez que su estado físico les permitiese evadir aquellos  puestos de combate o de alta exigencia física. Por ello parece lo más adecuado que se dé un margen de tiempo para realizar el servicio. Por ejemplo el plazo que se da a los que quieren entrar en el ejército en la actualidad, de 18 a 29 años, parece un tiempo prudencial y suficiente para que una persona pueda meditar si quiere o no ser ciudadano.
 
-           Transición al sistema. ¿Qué ocurriría con los ya ciudadanos? ¿Deben prestar el Servicio?
 
Pedir a personas con trabajos y familia, o de una cierta edad que si quieren seguir votando o conservando su empleo público deban de realizar el servicio no es ni lógico, ni justo ni viable. Por lo tanto lo más viable, si no lo más justo, es que quien ya tiene la categoría de ciudadano la conserve. Quizás para paliar las posibles quejas de aquella primera generación a la que se le aplique el nuevo sistema se podría establecer una tasa para aquellos ya ciudadanos, una forma de compensar el privilegio que van a tener.
 
-           ¿Se produciría una limitación de plazas para  ser ciudadano? Es decir ¿habría más demanda que puestos disponibles? ¿O por el contrario habría plazas no cubiertas? (Dejando por tanto fuera a un porcentaje de gente que querría ser ciudadano o quedando vacíos puestos quizás importantes).
En la franja de edad propuesta de 18 a 29 años hay aproximadamente unos cinco millones de personas en España a 2016. En la época en que el Servicio Militar era obligatorio * (año 1990) 130.000 jóvenes de reemplazo fueron declarados aptos para el Servicio y 175.000 fueron excluidos temporalmente por diversas razones. A estos habría que sumar los militares profesionales en puestos de oficiales y suboficiales. Parece por tanto que las FF.AA. por entonces podían colocar a unos 150.000 hombres sin problemas en cada reemplazo, pero eso sí, solo hombres. Sin embargo habría que tener en cuenta que hay que añadir los numerosos puestos del servicio civil y el hecho de que hay una franja temporal amplia para realizar el servicio, es decir no todos  pedirían realizar el servicio al cumplir los dieciocho años. Por lo tanto no parece que sea insalvable el problema  de una posible falta de plazas.

Por otro lado los puestos combatientes se dividirían en dos, de defensa y expedicionarios. Los primeros tendrían a su cargo la defensa del territorio nacional y nunca saldrían al extranjero salvo en caso de declaración de guerra, y estarían cubiertos por los reemplazos normales, es decir aquellos con una duración del Servicio estandar. Los expedicionarios serían profesionales con un periodo de servicio más largo y unas condiciones de trabajo profesionales acordes a la peligrosidad del puesto. Esto permitiría garantizar los compromisos internacionales.

-           ¿Sería sostenible presupuestariamente? 
 
Sin duda. Muchos países tienen fuerzas armadas grandes y todo dependería de cómo se estructurase el presupuesto y donde se estableciesen las prioridades. Además creo que aquellos que no realizasen el servicio deberían pagar una tasa. Parece lógico que si no contribuyes a la defensa de tu propia vida, libertad y propiedad debas contribuir de alguna manera a cubrir el coste de ese servicio que realizan otros.
 
-           Duración del Servicio.
 
En Israel, por ejemplo, los hombres tienen que prestar tres años de servicio y las mujeres dos. Además hay puestos como algunas unidades de combate o puestos más especializados donde el servicio dura más. Sería materia de discusión la duración pero menos de un año carecería de sentido. Y por supuesto el ciudadano una vez concluido su servicio pasaría al estado de reserva y podría, eventualmente, ser llamado al servicio si fuese necesario.
 
-           ¿Qué pasa con aquellos que estén incapacitados para el servicio pero quieren hacerlo?
 
En Israel se plantea a veces este supuesto y allí permiten que el recluta voluntario acceda al puesto si su incapacidad no es demasiado alta a cambio de que suscriban un seguro privado que cubra todos los riesgos.
 
-           ¿Podemos garantizar que todos los puestos sean exigentes?
 
No será fácil. Establecer una equivalencia de “dureza” no es algo sencillo cuando hablamos de puestos y funciones muy distintas pero la disciplina sí puede ser la misma. Así como los horarios o que las actividades tengan un importante elemento de ejercicio físico, por lo que no creo que sea imposible lograrlo.

*Total Reemplazo a 1990: 367.333

Útiles: 129.241
Excluidos: 34.767
Exentos: 3614 
Excluidos Temporales: 175.880

miércoles, 14 de septiembre de 2016

Servicio de Defensa Nacional


Implementar el Servicio de Defensa Nacional descrito en el anterior post no es fácil y el principal problema lo constituiría claramente la transición del actual modelo al nuevo. ¿Qué ocurriría con los que ahora son ciudadanos? ¿Perderían su categoría? ¿Deberían realizar el Servicio? ¿Todos ellos, algunos o ninguno? Sobre estas y otras dificultades trataremos en otro próximo post. Este lo vamos a dedicar a la organización y desarrollo del Servicio, si quiera de una forma esquemática.

El aspirante a ciudadano debería en primer lugar tomar la decisión de si quiere llevar a cabo el Servicio en su rama civil o bien en la militar porque la autoridad, organización y responsables a cargo varían totalmente. Para ello bastaría con dirigirse o bien a un centro de reclutamiento militar o bien a un centro de selección civil y manifestar el deseo de realizar el Servicio.

Centro de reclutamiento militar. El aspirante se dirige al centro presentando los documentos que demuestran que cumple con los requisitos previos para la ciudadanía (edad, ausencia de antecedentes penales y de enfermedades mentales y nivel de español). Así mismo presentará los documentos que demuestren su nivel de estudios.

 Hecho esto, al aspirante se le realiza un examen médico y un test de inteligencia. Los resultados de estos test unidos a su nivel de estudios dará una cifra que determinará a que puestos puede aspirar. Este número se le remitirá posteriormente junto con un listado de todos los puestos militares a los que puede optar en función del resultado obtenido, de entre estos el aspirante indicará los puestos que desea por orden de preferencia y se lo remitirá al centro de reclutamiento militar.

Recibido el listado de preferencias el centro, en función de las plazas y de las necesidades del Servicio, asignará el puesto al aspirante indicándole el lugar y la fecha en que debe presentarse para iniciar el Servicio. Algunos puestos pueden requerir que el aspirante realice unas pruebas de acceso (como ocurre en Israel con la brigada paracaidista por ejemplo. Ver gibbush). El listado de preferencias deberá ser lo suficientemente amplio para que al aspirante se le pueda conceder alguno de los puestos que designe.

Llegado el día el primer acto que realizará el aspirante en su puesto será realizar el juramento del Servicio que será común tanto para la rama militar como para la civil. Una vez realizado el juramento solo hay dos formas de finalizar el Servicio: licenciado con honor, bien porque complete el Servicio o bien porque se le licencie por razones médicas justificadas, o bien licenciado con deshonor, lo cual imposibilitaría la obtención de la ciudadanía.

Si el aspirante no se incorpora al puesto asignado en el lugar y  fecha indicada no pasará nada. Es conveniente dar esa posibilidad para aquellos que se arrepientan en el último momento o a los que alguna circunstancia sobrevenida les impida incorporarse sin que por ello pierdan la oportunidad de realizar el Servicio en el futuro. Recordamos la voluntariedad del Servicio como una de sus características esenciales.

El Servicio incluirá varios meses de entrenamiento básico (“boot camp”) seguidos de otros de entrenamiento avanzado a los que seguirá el tiempo de prestación de servicio. El tiempo de cada fase variará dependiendo de la unidad de que se trate.

Por supuesto en el Servicio de Defensa Nacional habrá puestos de combate y otros que no lo sean, lo que en Israel llaman jobniks, no sin ligero tono despectivo. Esto es inevitable ya que esos puestos son necesarios pero debemos estar atentos a que esos puestos sean igualmente exigentes y duros, que no se conviertan en el escape para aquellos que quieren completar el Servicio de forma fácil y cómoda. El día a día de estos puestos debe ser en la medida de lo posible lo más parecido al de los puestos de combate y deberían pasar por el mismo entrenamiento básico que los combatientes.

El Servicio Civil se organizaría de forma similar al militar y se podría estructurar a partir de las organizaciones públicas que ya ahora están a cargo de la prevención de diversos desastres (INFOCA, PROTECCIÓN CIVIL, etc…). El proceso de selección y asignación de puestos sería igual al descrito para el servicio militar.

Y volvemos a repetir: todos los puestos tienen que tener el mismo nivel de exigencia.

Para los que quieran hacerse una idea más precisa de cómo un  Servicio de Defensa podría estructurarse recomiendo que consulten el funcionamiento del servicio militar en Suiza y especialmente en Israel:




Además recomiendo la lectura de la famosa novela de Robert A. Heinlein Starship Troopers que plantea y describe un Servicio de Defensa como el propuesto, además de justificarlo. A pesar de ser una novela de ciencia ficción os aseguro que es muy recomendable, siendo una reflexión profunda sobre la virtud cívica por lo que la considero  lectura obligada. Que no os confunda ni os eche para atrás la infumable película que se hizo sobre ella, ya que nada tiene que ver ni en el tono ni en el fondo con la novela de Heinlein.  

viernes, 26 de agosto de 2016

Virtud cívica


El concepto de república se fundamenta tradicionalmente en el imperio de la ley, en una estructura institucional determinada, en la preponderancia de la “clase media” y en la virtud cívica.

El objeto de este post es tratar esta última cuestión, la de la virtud cívica, porque si bien no hay un solo teórico republicano que no crea que esta cuestión es fundamental, ni uno solo que crea que una republica puede serlo o funcionar adecuadamente ignorando este aspecto, ni uno que no vea como esencial y necesario el fomento de la virtud cívica, pocos, en mi opinión, han propuesto formulas realistas y adecuadas para fomentarla.

Pero  ¿qué es la virtud cívica en primer lugar?

“La ciudadanía es una actitud, un estado de la mente, una convicción emocional de que el todo es mayor que la parte, y que la parte debe sentirse humildemente orgullosa de sacrificarse para que el todo pueda vivir”. (Robert A. Heinlein).

A pesar de lo que pueda parecer la virtud cívica no es un sacrificio ciego, irracional y completamente desinteresado por los demás. Tampoco significa renunciar  a tu vida personal o tu propio interés. Significa que cuando se actúa en el ámbito público se debe poner el interés general por encima del propio. Pero solo cuando se actúa en ese ámbito.

 Virtud cívica no significa que debas sacrificar tu tiempo, propiedad o energía para salvar el negocio privado de otro ciudadano o su propiedad o su puesto de trabajo, pero sí significa que si actúas como empleado público, representante del pueblo o simple votante entonces sí que debes estar dispuesto a sacrificar tu propio interés a favor del interés general.

Que los ciudadanos consigan tener esa actitud, esa capacidad de sacrificio, y puedan diferenciar claramente el ámbito público (propio de la virtud cívica) y el ámbito privado (donde solo se te exige el respeto a los derechos individuales de los demás) debe ser el objeto principal de la educación que se imparta a los jóvenes. Esto no es nada nuevo porque todos los teóricos desde Aristóteles han incidido en la importancia de la Educación para el fomento de una virtud cívica.

Pero esa educación con ser importante y fundamental no es suficiente y,  de hecho, por sí sola conseguiría poca cosa en el fomento de la virtud. En última instancia por mucho que haga el estado al respecto, el ser humano es muy diverso y siempre habrá gente con una virtud cívica escasa o nula. Por otro lado la principal fuente de educación son las familias las cuales son igualmente diversas, por lo que resultará inevitable que el grado de virtud cívica de los ciudadanos sea muy diferente.

Todo lo cual nos lleva al siguiente razonamiento: si una ciudadanía virtuosa es esencial para que un estado de derecho funcione y no toda persona es virtuosa a pesar de los esfuerzos educativos que haga el estado, la consecuencia lógica de este razonamiento es que el derecho de ciudadanía no puede ser para todos sino solo para aquellos que demuestren ser virtuosos.

Si el conjunto de la ciudadanía es en una republica el origen de toda ley, todo poder y todo cargo público está claro que si queremos que estas cosas tengan un grado de decencia y eficiencia adecuado la calidad de la ciudadanía se presenta como la clave de todo. Es muy habitual echar la culpa de la corrupción o el mal funcionamiento del estado a los políticos o a las instituciones, olvidando que en una democracia políticos, instituciones y leyes emanan de la ciudadanía.

Tal ciudadanía tienes tal política, ley o institución obtienes.

De modo que ¿cómo medir la virtud cívica de modo que solo los más virtuosos obtengan el derecho de ciudadanía?

Parece obvio que solo criterios objetivos pueden ser de utilidad, criterios previamente fijados en la ley. Cualquier otro método llevaría a injusticias de todo tipo, tratos de favor, oligarquía y corrupción…una vez más.

La idea de un derecho de ciudadanía selectivo puede parecer anatema en estos tiempos donde de hecho se pide la extensión de todo derecho a cada vez más personas. Puede verse incluso como una propuesta antidemocrática o discriminatoria, algo que nos retrotrae a los tiempos del voto censitario o de la exclusión de grupos enteros (como las mujeres o los negros) del derecho a votar o a ser elegido.

Nada más lejos de la realidad. No existiría bajo el sistema propuesto ninguna exclusión. Toda persona tendría derecho a optar a la ciudadanía, pero tendría que ganársela, no sería algo automático concedido por el simple hecho de cumplir dieciocho años.

No tiene sentido pretender que se valore el concepto de ciudadanía, que se desee una ciudadanía virtuosa y activa…y seguidamente se regale  el derecho de ciudadanía a cualquiera. Lo que cuesta nada vale nada. Si el derecho de ciudadanía hubiese de ser ganado mucha gente con escasa o nula virtud cívica dejaría de tener nada que decir en la política, en el ámbito público, porque renunciaría al esfuerzo que implicaría obtenerlo. Estableceríamos un filtro que al menos aumentaría considerablemente la calidad de todos aquellos que sirven en la “cosa pública”.

Por lo tanto propongo estos requisitos objetivos para la obtención de la ciudadanía:

-          Un cierto grado de madurez es necesaria por lo que establecer un límite de edad es lógico, tal y como se hace ahora. Dieciocho años es adecuado. Si hubiera que modificar este límite debería ser para alzarlo  no desde luego para bajarlo, dado el infantilismo y el alargamiento de la adolescencia que existe en la actualidad. Pero dieciocho años parece adecuado.

-          Si has sido un criminal no es lógico que seas ciudadano. Si el imperio de la ley es la clave de todo estado de derecho es un disparate que aquel que la ha violado de forma grave pueda ser ciudadano. Por lo tanto otro requisito debería ser no haber cometido delitos graves. (Delito grave es aquel penado con más de cinco años de cárcel).

-          Lógicamente un ciudadano tiene que estar en sus cabales, tener control de sí mismo. Por lo que no padecer  trastornos mentales debe ser otro requisito.

-          Este país se llama España y el vehículo que los ciudadanos de este país, y también sus residentes utilizan para comunicarse en todo el territorio nacional es el español. De modo que tener un nivel adecuado de español debe ser un requisito para la ciudadanía española.

Todos estos requisitos son necesarios y en cierta medida ayudan a tener esa necesaria virtud cívica, pero por si solos no demuestran que exista la capacidad de sacrificio que el derecho de ciudadanía exige. Por ello es necesario establecer otro requisito, otra prueba que demuestre que la persona está dispuesta a sacrificar su interés personal por el bien común, por proteger su país y a sus paisanos.

Propongo que para ser ciudadano una persona tenga que realizar un Servicio de Defensa Nacional durante un tiempo. ¿Por qué? Porque la protección es la función numero uno de todo estado. Es más, es la razón de ser del estado. Un estado que no se protege a sí mismo, a las personas y a sus propiedades no tiene razón de ser. Podrá dedicarse además a otras cosas o no hacerlo, pero si no protege es un estado fallido. Por lo tanto participar activamente en esta función debería ser la obligación numero uno de todo ciudadano o aspirante a serlo.

¿Cuál sería la naturaleza de este servicio? Tendría dos vertientes, una militar y otra civil.

La militar sería el clásico servicio militar, entroncando así con una tradición republicana fundamental: la idea de que corresponde al ciudadano el tomar las armas para defender a la republica. Se podría establecer un sistema similar al isaraelí  cuyo buen funcionamiento está contrastado. O como el suizo.

La civil tendría el mismo objetivo que la militar: proteger a la republica y a sus ciudadanos pero frente a amenazas que  no requieran el uso de armas. Propongo que este servicio estuviese encargado de la prevención y  lucha frente a desastres naturales y humanitarios tales como incendios, inundaciones, terremotos, epidemias, etc…

La clave para que el Servicio de Defensa Nacional se convierta en un auténtico motor que fomente la virtud cívica está en que el Servicio sea duro, exigente y no se obtenga nada a cambio salvo el derecho de ciudadanía una vez completado. Para ello habrá de evitarse que en ese Servicio existan funciones “light”, puestos facilones donde el aspirante pueda pasar comodamente su Servicio. Todos deberán ser puestos con una exigencia física y de actitud alta y con una  peligrosidad y responsabilidad acorde a esa exigencia.

Este último punto es fundamental porque el Servicio debe suponer un verdadero sacrificio para el aspirante y porque si queremos poner en valor el concepto de ciudadanía ésta debe costar algo. Repetimos: lo que no cuesta nada no vale nada. Si el Servicio estuviese repleto de puestos innecesarios, sin responsabilidad ni dureza ninguna, perdería toda su razón de  ser. Se convertiría en un fraude de ley, un paripé para conseguir la ciudadanía con vistas seguramente a ser funcionario u obtener cualquier otro beneficio material.

Por supuesto el Servicio sería voluntario, de lo que se deriva que la ciudadanía no es una obligación. Es una categoría a la que toda persona puede aspirar si cumple con los requisitos. La voluntariedad es una exigencia del propio concepto de virtud. Para que una persona pueda ser calificada de virtuosa o de no serlo debe ser libre para elegir. Dueña de sí misma y, por tanto, responsable.

Quien no desease ser ciudadano mantendría un estatuto jurídico similar al de un residente legal con permiso de trabajo y residencia indefinido. Se podría diferenciar entre residente nacional y residente extranjero, por razones de Derecho internacional, para evitar apátridas por ejemplo.

Una vez completado el Servicio se obtendría el derecho de ciudadanía que implicaría los derechos a:

-          Votar para elegir a tus representantes.

-          Votar en un referéndum si éste se convocara.

-          Presentarte como candidato a representante del pueblo.

-          Ser empleado público si cumples los requisitos del puesto en cuestión.

Sobre el diseño y la organización de este Servicio de Defensa Nacional hablaremos de forma más detallada en otro post.

lunes, 18 de enero de 2016

REFORMA CONSTITUCIONAL (II)




Proponíamos en el post anterior que los cambios necesarios y posibles eran estos:

 - División de poderes: significa que cada uno de los poderes debe ser totalmente independiente de los demás tanto en su origen y forma de conformarse como a la hora de actuar.

 - Justicia independiente: significa que además de estar separada de los otros poderes debe ser ajena a la política y a la lucha partidista.

 - Reforma electoral que acabe con la partidocracia instaurando un Legislativo verdaderamente representativo: significa que se debe votar a representantes individuales, con nombre y apellidos y que no tengan que pasar por un filtro previo impuesto por algún partido u organización. Y además significa que el representante debe estar cerca y en contacto permanente con sus electores y debiéndose únicamente a ellos, es decir que debe tener un mandato imperativo.

Y defendíamos que para llevarlos a cabo la mejor forma es mediante el sistema de reforma constitucional contemplado en nuestra propia Constitución. Veamos cómo.

Las tres reformas arriba indicadas implican la modificación de los Títulos III, IV,V,VI y IX de la Constitución. Esto implica que se pueden llevar a cabo sin necesidad de utilizar el método agravado de reforma reservado para las propuestas que implican la reforma total de la Constitución o cambios en el Título Preliminar, el Título I o el Título II y que implicaría la disolución de las cámaras, ratificación de la propuesta de reforma por las nuevas cámaras elegidas y referéndum obligatorio que apruebe la reforma.

Para la reforma “simple” de la Constitución se requiere “solamente” que ambas cámaras de las Cortes aprueben la reforma por mayoría de 3/5. En caso de que en el senado no se alcanzase esa mayoría se crearía una comisión paritaria y si no se logra el acuerdo, la propuesta de reforma se podría aprobar con el apoyo de 2/3 del congreso y mayoría absoluta del senado. Con este sistema el referéndum no es necesario, salvo que un 10 % de diputados de ambas cámaras así lo soliciten.

Presentar el proyecto de reforma corresponde o bien al gobierno o a las cámaras o a las asambleas de las CC.AA.

En el caso del Congreso las proposiciones deberán ir suscritas por dos grupos parlamentarios o por la quinta parte de los Diputados (lo que supone 70 diputados en vez de 15).

En lo que respecta al Senado pueden presentar una proposición de reforma 50 Senadores que no pertenezcan a un único grupo parlamentario o 25 Senadores.

A las Asambleas de las Comunidades Autónomas se les reconoce únicamente la posibilidad de solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de reforma o bien remitir a la Mesa del Congreso una proposición de reforma constitucional, delegando ante dicha Cámara una Comisión de hasta tres miembros de la Asamblea encargada de su defensa.

Esta propuesta no obliga ni al gobierno ni a la mesa del congreso a tenerlas en consideración por lo que es tan solo una sugerencia.

En la actualidad las Cortes cuentan con 350 diputados y 266 senadores. Tres quintos serían 210 diputados y 170 senadores. Dos tercios del congreso serían 232 diputados y la mayoría absoluta del senado 134 senadores.

Como conseguir que tal número de diputados y senadores estén dispuestos a realizar esos cambios debe ser el objeto de cualquier estrategia hacia la reforma política que defendemos.

El mayor impedimento es la propia partidocracia que nos asola, la cual sería eliminada si la reforma se llevara a cabo. No obstante no es imposible, la propia historia reciente de España tiene ejemplos de una clase dominante que votó para “suicidarse” (Ley para la Reforma Política que puso fin a las Cortes franquistas y que fue aprobada por las propias Cortes franquistas).

Más difícil, o al menos mucho más costoso, es cualquier otra estrategia, y la propuesta aquí es una que respeta el marco constitucional actual y es, por tanto, pacífica y necesita y apela al consenso.

La trataremos en otro post.





sábado, 1 de agosto de 2015

REFORMA CONSTITUCIONAL (I)


Entre todos aquellos preocupados por la situación política de España la necesidad de que haya  cambios es una constante. Sin embargo difieren bastante en qué cambios necesita España y en cómo lograrlos.

Por un lado tenemos los que podríamos llamar revolucionarios, aquellos que quieren hacer volar el marco institucional actual y rehacerlo a su imagen y semejanza ideológica. Algunos de estos abogan por la toma del poder y desde ahí saltarse todas las leyes para llevar a cabo su programa. Otros creen que de algún modo sus propuestas serán aceptadas democráticamente y la mayoría de la gente las apoyará, consiguiendo con ello cambios radicales de forma pacífica. Están también aquellos que optan por retirarse de la lucha política, esperando que de alguna manera la gente acabará fijándose en ellos como ejemplo de dignidad política y les seguirán en su proyecto.

Luego están los reformistas, que en mayor o menor medida quieren cambios reales pero que tienen en común el aceptar las reglas de juego actuales y el respeto al imperio de la ley. Entre estos últimos me incluyo.

No obstante la pregunta clave es ¿qué cambios necesita España y como lograrlos?

Todos podemos enumerar cambios necesarios y seguramente no nos pondremos de acuerdo en la mayoría de los mismos, lo que implica que difícilmente podrán implementarse al no tener suficiente apoyo.

Por lo tanto la reforma en cuestión no solo debe ser necesaria, sino también posible. Y posible en política significa que dicha propuesta de reforma reúna un consenso amplio en la sociedad porque en caso contrario no se podría implementar salvo o bien por la fuerza, algo que la historia de España ya ha demostrado que es mejor evitar, o por un milagro, y en milagros la gente cada vez cree menos.

Pero ¿cómo conseguir ese consenso? La única forma es que esas propuestas de reforma conciten el apoyo de liberales, socialdemócratas y conservadores. A primera vista parece, lo reconozco, imposible.

Sin embargo no lo es si dichas propuestas se limitan a la regeneración institucional y a los cambios constitucionales y legales necesarios para ello, dejando a un lado propuestas de fondo. Si se limitan a cambios de forma, de procedimientos, de estructura constitucional del Estado, y no a cambios sobre las políticas que ese Estado puede o no puede hacer. 

Porque cuando la convivencia pacífica y en libertad se considera lo más importante resulta claro que la gran diferencia ideológica está entre aquellos que aceptan el imperio de la ley y las reglas del juego, y aquellos que de una forma u otra quieren imponer su visión de las cosas; entre aquellos que reconocen que la sociedad es plural y siempre habrá distintas visones de la economía, la política o la moral, y que, por lo tanto, nunca podrán ver implementado su proyecto político al 100%, y aquellos otros que creen tener toda la razón y creen que cualquier método es válido para imponer su visión de la sociedad.

Y la ¿sorpresa? viene al descubrir que en ambos bandos hay progresistas, conservadores y liberales. En ambos bandos hay quien quiere imponer su modelo y quien reconoce que una sociedad abierta requiere consenso y equilibrios.

Dicho esto, los que forman este último grupo ¿pueden ponerse de acuerdo en algo? Más aún, ¿en qué tipo de reformas podrían ponerse de acuerdo?

Desde luego nunca se pondrán de acuerdo sobre cual política económica seguir, o sobre que es o no es moralmente aceptable. Propuestas de reforma constitucional como las de poner un tope a los impuestos o garantizar que no haya desahucios están totalmente fuera de la realidad porque simplemente no tienen, ni nunca tendrán un apoyo social suficiente.

Creo que solo aquellas reformas que tienen por objetivo combatir la corrupción, reforzar el imperio de la ley, garantizar el equilibrio de poder y, en suma, aumentar el control ciudadano sobre la política pueden concitar el apoyo de varios partidos (apoyo transversal, como les gusta decir tanto a algunos). Apoyo absolutamente necesario para realizar un cambio constitucional.

Entonces ¿qué cambios? La buena noticia es que son conocidos por todos, y que, de hecho, son muchos los que los ven necesarios:

-       -    División de poderes: significa que cada uno de los poderes debe ser totalmente independiente de los demás tanto en su origen y forma de conformarse como a la hora de actuar.

-        -  Justicia independiente: significa que además de estar separada de los otros poderes debe ser ajena a la política y a la lucha partidista.

-       -    Reforma electoral que acabe con la partitocracia instaurando un Legislativo verdaderamente representativo: significa que se debe votar a representantes individuales, con nombre y apellidos y que no tengan que pasar por un filtro previo impuesto por algún partido u organización. Y además significa que el representante debe estar cerca y en contacto permanente con sus electores y debiéndose únicamente a ellos, es decir que debe tener un mandato imperativo.

¿Cómo lograr estos cambios? Yo abogo por una reforma constitucional según los cauces previstos en la propia Constitución. Defiendo este sistema porque me parece el más realista, pacífico y conforme a la ley que se puede encontrar.

En el próximo post, de carácter más jurídico, explicaré como se puede hacer legalmente y en el tercero y último de esta serie propondré una estrategia para lograrlo.



viernes, 5 de junio de 2015

Patria

Es un término polémico. Visto por algunos como uno de los mayores ejemplos de irracionalidad, y por otros como la suma de todo lo mejor que debe amar una persona.

Si a la pregunta ¿qué es la patria? se responde sin meditarlo mucho, probablemente las respuestas no varíen: es el país de uno, del que se tiene la nacionalidad y por el que se siente afecto (raramente la palabra patria es usada por alguien que desprecia su propio país).

Como características de esa patria uno puede dar un conjunto de elementos tales como la lengua, Historia, etnia, religión, cultura, símbolos, etc… Suelen ser de este conjunto de atributos del que ese patriota irreflexivo se siente orgulloso sin ir más allá.

Sin embargo, por ejemplo, si la lengua es característica de la patria ¿no debería el patriota español exigir que todo el mundo hispano fuese una patria?, y en ese caso lo mismo daría vivir en Madrid o en Quito, y habría que pedir ya una especie de gobierno iberoamericano.

Lo mismo puede decirse en cuanto a la Historia, la religión, la etnia, etc…todos son elementos compartidos por muchos pueblos que hoy en día son independientes y soberanos.

Sin embargo existen otros elementos que conforman la patria y que a mi juicio son los que verdaderamente importan y de los que verdaderamente uno puede sentir orgullo: las Leyes y las Instituciones.

La razón está en que realmente solo aquellos elementos que son producto de la voluntad constatable y mayoritaria de ese pueblo que afirma ser una patria pueden ser dignos de orgullo, aunque solo sea porque son construidos por ese pueblo y posteriormente mantenidos por él. El Derecho y las Instituciones políticas y sociales constituyen ese tipo de elementos.

Algunos países, que por sus características carecen de esos otros elementos comunes más básicos o de algunos de ellos (religión, etnia, larga Historia, lengua común…) han producido paradójicamente las mejores muestras de patriotismo. Suiza o EE.UU. son un buen ejemplo de ello.

Suiza carece de lengua común, religión común o etnia común y sin embargo es difícil encontrar un pueblo más patriota en, al menos, toda Europa. Su patriotismo se ha construido a través de los siglos en el amor a sus libertades, tanto individuales como civiles y a sus instituciones y leyes creadas para defender esas libertades y su estilo de vida.

Lo mismo podemos decir de EE.UU. que a pesar de tener una lengua común nunca intentó imponerla, cuya libertad religiosa existió desde antes de su nacimiento y que, como todos sabemos, está conformado por personas de todo el mundo y de todas las culturas. Y antes de que con el tiempo se formase ese American Way of Life ya existía la patria ¿entorno a qué? Como los suizos entorno a la libertad y las leyes e instituciones creadas para protegerla.

Estos países han entendido la patria como una comunidad de Derecho. Un conjunto de leyes e instituciones comunes, con sus símbolos representativos, que constituye la espina dorsal y el corazón, de esos países.

¿Podría entenderse el patriotismo americano sin su Constitución, sin su Bill of Rigths? ¿El patriotismo inglés sin el Common Law, la Carta Magna o su gloriosa Revolución? ¿O el suizo sin su federalismo, neutralidad y tolerancia?

Es este el patriotismo positivo al que España debería aspirar y no pretender que la gente se emocione por fuerza con los Reyes Católicos, el Cid, la paella o los toros.

Ese otro patriotismo básico (algunos dirían burdo, o aún palabras más gruesas) debe quedar, como la religión en el interior de cada uno, donde siempre será respetado, y no pretender imponerlo a todo el mundo, como se hizo en el pasado con algunas creencias.

Ese patriotismo entorno a las Instituciones y las Leyes que el pueblo crea es lo que habitualmente se ha llamado patriotismo constitucional, ya que exige que exista una Constitución, oral u escrita, que actúe como norma suprema que establezca las reglas del juego por las que esa comunidad de Derecho se va a regir.

Como es lógico cuanto más neutra y formal sea esa Constitución más estable y duradera será, y en sentido contrario, cuanto más partidista y sustantiva más inestable e ineficaz.

Ese era precisamente el objetivo de todos los constitucionalistas republicanos, crear normas, por lo general no muy extensas, que se enfocan en la forma, en el proceso, manteniéndose neutral por lo general en cuanto al fondo de las leyes, las cuales variarán según los cambios que se produzcan en la sociedad y que quedarán reflejados en las decisiones de los representantes legislativos elegidos por el pueblo.

De ahí que la Constitución americana y la inglesa sean dos buenos ejemplos de lo que debe ser una Constitución, a pesar del asedio y desgaste al que están siendo sometidas, y la española o cualquier otra de Europa continental, cargadas de ideología,  ejemplos de lo que de ningún modo debe ser una Constitución.

Y vale la pena recordar que aunque en la actualidad nuestras constituciones son marcadamente socialdemócratas, no escasean los liberales a los que les gustaría que las constituciones contuviesen normas de contenido sustantivo, en este caso liberal, como una limitación a los impuestos o al gasto público. Esto, claro está, sería un error y llevaría a constantes enfrentamientos civiles, como ocurrió en los siglos XIX y XX.


Merece la pena volver a leerse la Constitución americana y sus enmiendas. No es muy extensa y sin embargo, es difícil encontrar un texto legal con más sentido, a pesar de los lógicos defectos de cualquier creación humana.