domingo, 9 de febrero de 2014

¿Por qué (ya) no soy ancap?


Quiero con este artículo exponer las conclusiones por las que ya no me considero anarcocapitalista y sí un liberal clásico.

No pretendo profundizar en  todas las razones que me han llevado a las conclusiones que presento, y mucho menos pretendo iniciar un debate con nadie porque no pretendo convencer a nadie de nada. Por supuesto leeré cualquier crítica que se pudiera presentar y la tendré en cuenta, pero al menos que alguno de esos posibles argumentos hagan mella en mi y varíen mi forma de pensar no voy a contestarlos porque mi tiempo y energía son escasos, y hace mucho tiempo ya que descubrí que quien más ansía enzarzarse en un debate suele ser quien menos dispuesto está a variar sus posiciones.

Las conclusiones a las que he llegado se pueden dividir en dos: aquellas de tipo pragmático y aquellas otras de fondo. Ambas son importantes, porque tan inútil sería una ideología buena en el fondo pero imposible de ejecutar, como una ideología posible de implementar pero errónea en sus fundamentos.

Conclusiones de tipo pragmático:

1- Todo activismo (especialmente político) que busque llegar a la anarquía está abocado al fracaso. La anarquía es un no-lugar, más que un sitio donde llegar. Es más una ausencia de, que una presencia de. El activismo es, en cambio, una idea positiva, en el sentido de que quiere construir algo. No se puede construir la anarquía porque esta tendría que basarse, necesariamente, en instituciones sociales (no políticas) las cuales se generan en una lenta evolución. Si se consiguiese llegar a  la anarquía sería por la propia evolución de las instituciones sociales, incluida el estado, y no por lo que un ínfimo puñado de militantes pudiera hacer. Por tanto considero que dedicar tiempo a ese esfuerzo inútil solo puede llevar a la más completa melancolía como diría Ortega.

2- Incluso si la anarquía tuviera lugar (al margen, como digo, de lo que los militantes hagan), nada nos asegura que fuese un sistema preferible al actual. Quien piense que puede imaginar una sociedad y esperar que se desarrolle según sus planes peca de una tremenda arrogancia. La sociedad es demasiado compleja para saber el camino que tomará. Y hay una razón aún más importante por la que podría no funcionar: la anarquía tendría que nacer de la sociedad actual y no de una especie de zona cero, y arrastraría, por tanto, numerosos “fallos de serie” de la misma forma, por ejemplo, que el feudalismo fue la consecuencia de las condiciones del Bajo Imperio. Y por cierto, preferiría, lógicamente desde una perspectiva general, mil veces vivir en la estatista pero civilizada Roma que en la cuasi anárquica pero feudal Europa que le siguió.

Estas dos razones hacen imposible, por si solas, el que yo pueda ser un ancap de tipo consecuencialista como David Friedman. Él parte siempre de la base de que “una vez establecido”, un sistema anarcocapitalista sería mejor y más estable que el actual. Ya, pero en ese “una vez establecido” está el problema. No se puede establecer y no sabemos si los costes de transición merecerían la pena.
Soy consecuencialista, pero dadas las dos anteriores razones, no soy ancap.

Conclusiones de fondo. Estas son las que impiden que sea un ancap (o minarquista) de tipo iusnaturalista:

1-. Entre los ancaps iusnaturalistas hay un dogma: el principio de autopropiedad. Al parecer hay una ley natural que dice que cada uno de nosotros somos los dueños exclusivos de nuestros cuerpos, de modo que cualquier acto en contra de nuestro cuerpo o contra lo que hacemos con él es un crimen. Los únicos argumentos cercanos a la ciencia que intentan demostrar este axioma son los manifestados por Hoppe con su teoría argumentativa. No me convencen lo más mínimo. Que para afirmar algo uno tenga que ser dueño de su propio cuerpo parece no quedar demostrado, por ejemplo, con el caso del esclavo que puede afirmar cosas en las que cree siendo, de hecho y de Derecho, propiedad de otra persona. Si lo que queremos es demostrar un supuesto “ser” (que toda persona es la única dueña de si misma) no podemos utilizar un “debería ser” (que no debería haber esclavitud). Eso es religión, no ciencia.

2-. Otro dogma: el estado, todo tipo de estado, es un ente criminal y, por tanto, no tiene justificación alguna. Las razones para pensar así son básicamente dos:

A) El estado se financia mediante impuestos y estos son un robo.
B) El estado ejerce un poder regulatorio monopolístico, y por tanto ilegítimo, sobre un territorio.

Ninguna es, ni tiene por que ser, siempre cierta. Depende de la naturaleza del estado en cuestión. Donde hay cauces para que los ciudadanos determinen que impuestos desean o donde el estado permite la competencia, esos dos axiomas no son ciertos.

En el caso de A pensemos en una institución tan común, y tan legítima e incuestionada, como una comunidad de propietarios. En una comunidad de propietarios estos son dueños exclusivos de sus viviendas y también son dueños en pro indiviso de aquellas zonas comunes tales como escaleras, ascensores, entrada, jardines, etc… Obviamente el mantenimiento de estas zonas comunes supone  unos gastos que se afrontan con las cuotas de los propietarios y alquilados. Cuotas que se deciden en asamblea, por votación. Bien, no creo que haya nadie que mantenga que una cuota así sea un robo, incluso aunque yo propietario haya votado en contra de dicha cuota. Al menos no conozco ni un solo teórico, ni siquiera ancap, que haya afirmado tal cosa. Siendo esto así ¿qué diferencia hay con los impuestos establecidos por un parlamento democrático? Ninguna a mi modo de ver.

El tamaño, aquí, no importa. No cambia la naturaleza de la institución el hecho de que una comunidad de propietarios sea más pequeña que un estado moderno. Podremos argumentar que el monto de la cuota (o de los impuestos) es alto, abusivo, bajo, innecesario, perjudicial… pero no que la cuota sea injusta en sí. Aquí el viejo grito de los colonos americanos vuelve a traer claridad al asunto: no taxation without representation. Es decir, que donde sí hay representación, oportunidad de votar y opinar, los impuestos no tienen porque ser un robo, es decir, un crimen en si mismos.

Lo mismo puede decirse respecto a las normas que rigen en esa comunidad de vecinos y las de un país democrático. Que los niños no puedan jugar al balón en los pasillos o que haya que respetar el descanso de los vecinos de diez de la noche a ocho de la mañana podrá parecernos mejor o peor, pero nadie niega el derecho de una comunidad de vecinos para dictar tales normas.

Si no nos gusta esa forma de funcionar se podría pedir la disolución de la comunidad, con el reparto de la propiedad común entre los partícipes, de igual manera que los liberales pedimos la privatización de tantas cosas o algunos piden la secesión de territorios, pero, repito, no se puede argumentar que en esa comunidad de bienes, en las normas democráticas que la rigen o en las cuotas que se acuerdan para su mantenimiento, hay algo criminal en si mismo.

En cuanto a la razón B no creo que todo lo que el estado hace sea o necesariamente tenga que ser un monopolio. De hecho pienso que un estado será más libre cuantas menos cosas sean monopolio suyo. Pensemos que en los EE.UU. incluso hoy, después de décadas de pérdida de libertad, se permite la existencia de milicias privadas que tienen el público objetivo de defender a la patria y su constitución. Es decir, incluso en lo que se considera la quinta esencia de las funciones estatales, la defensa nacional, hay espacio para la competencia. No veo razones para que esto no se extienda a más ámbitos si eso se considerara ventajoso.

En fin, no pretendo que este post sea una refutación de nada. Eso sería demasiado largo. Solo diré que dado que ese cambio se ha producido, el mismo me ha llevado a buscar esos modelos políticos que, a lo largo de la historia, han demostrado ser los mejores valedores de esas instituciones, como la propiedad privada, las libertades civiles o los contratos, que son la condición sine qua non de toda prosperidad y felicidad humanas. Y resulta curioso ver que, a pesar de los siglos pasados y de los cambios sociales y tecnológicos ocurridos, el modelo político más deseable y posible, aunque no perfecto, es básicamente el mismo que Aristóteles describiese ya hace 2300 años en su Política: la República. Esto es, el modelo de República descrito por él y por tantos otros después de él, donde el poder se somete a todo control posible, y donde las dos fuerzas destructoras de la libertad y la prosperidad, el populismo y la tiranía, son sometidas a una vigilancia perpetua.

Por lo tanto esa república clásica que, si no perfectamente, si ha demostrado ser repetidamente a lo largo de la historia, al menos en sus ejemplos más conseguidos, el mejor modelo posible de convivencia y prosperidad en una sociedad urbana (recalco esto ya que todos los ejemplos históricos mínimamente cercanos al anarco capitalismo se han dado en sociedades rurales. No por casualidad ciudad y estado tienen el mismo origen etimológico), me parece una meta alcanzable a la vez que deseable.

El liberalismo encuentra así su modelo político en esa República clásica y su objetivo será mantener a ésta dentro de los límites que garanticen el respeto a la propiedad y a la libertad.

En ese sentido en este blog hablaremos de instituciones republicanas y liberales (y sus contrarias), de ejemplos históricos de ese tipo de repúblicas, de asuntos de actualidad desde esa perspectiva republicana liberal y cualquier otro tema que venga al caso.

Espero que os interese.


jueves, 6 de febrero de 2014

Legítima defensa y proceso de comisión del delito en Rothbard.

“La víctima debería tener derecho a utilizar cualquier fuerza, incluyendo la mortal, para defender o recuperar su propiedad, siempre que el delito esté en proceso de comisión, es decir, hasta que el delincuente sea aprehendido y juzgado adecuadamente en un proceso legal. En otras palabras debería poder disparar a los saqueadores”. (Rothbard).

 Pienso que Rothbard distorsiona el concepto de proceso de comisión, afirmando que este se extiende hasta que el delincuente es aprehendido y juzgado. Rothbard extiende el concepto de proceso de comisión más allá de lo que en mi opinión la ciencia del Derecho y el sentido común define como tal, lo que le lleva a confundir legítima defensa con detención del criminal o con el castigo.

 Creo que hay que atender al tipo penal para saber si un crimen va a cometerse, está en proceso de comisión o ya se ha cometido. Esto es importante porque la legítima defensa solo cabe en dos supuestos: evitar la comisión de un delito inminente o poner fin a uno ya iniciado.

 El ejemplo del chaval que roba un chicle y echa a correr, siendo tiroteado por el tendero es paradigmático. ¿Qué tipo penal constituye la acción del chaval? Un hurto. ¿Cómo se define un hurto? Apropiación de la propiedad ajena sin violencia ni fuerza en las cosas. Si atendemos a esta definición, observamos que en el ejemplo del chaval, una vez que este se apropia del chicle, una vez que pasa de la propiedad del tendero al bolsillo del joven, la acción ilícita ya se ha llevado a cabo y, por lo tanto, el delito se ha consumado. Cualquier acción posterior por parte del tendero quedaría fuera del ámbito de la legítima defensa, dado que esta, como decíamos, no tiene otro fin que evitar la comisión de un delito o ponerle fin si está en proceso de comisión.

 Nótese que cualquier otra forma de aproximarse a este problema nos llevaría a situaciones grotescas, como la del tendero que tirotea por la espalda al chico que le ha robado un chicle. Además si el delito, como afirma Rothbard, no se consumase hasta la detención y juicio del culpable podríamos encontrarnos con toda clase de situaciones aún más esperpénticas. Supongamos que A roba un reloj a B y huye. Una semana después B ve a A paseando por la calle con su reloj, saca su arma y le vuela la cabeza alegando después que actuó en legítima defensa para recuperar su reloj.

 Lo que marca la consumación de un delito no puede ser nunca la detención y juicio del culpable. Tampoco el arbitrario transcurso de X tiempo desde que se inicia la comisión del delito. Solo atendiendo a la definición del tipo penal en cuestión podemos afirmar con seguridad cuando un delito se ha consumado, y al mismo tiempo, garantizar la necesaria seguridad jurídica que fije unos criterios homogéneos a la hora de determinar si existe o no legítima defensa.

 Por lo tanto si una persona usa la fuerza contra otra y alega legítima defensa, a lo único que habría que atender es a si el supuesto crimen que se pretendía evitar era, efectivamente, un crimen y si ese crimen no se consumó gracias al acto de fuerza de la supuesta víctima. Si aún tratándose de un crimen, la acción de supuesta legítima defensa se hubiese cometido a posteriori, no se podría alegar legítima defensa.

 Supongamos que A comienza a golpear a B, este usa la fuerza y repele la agresión de A. Aquí está claro: B ha actuado en legítima defensa para poner fin a un delito de lesiones. Pero supongamos que A golpea a B el cual queda tendido en el suelo. A se da la vuelta y se marcha. En ese momento B se levanta, saca un arma y dispara contra A. Aquí no se podría alegar de ningún modo legítima defensa porque el delito que se pretendía evitar, las lesiones por parte de A, ya se habían consumado. La acción de fuerza de B constituiría a su vez una agresión ilegítima.

 De modo que una persona tiene el derecho a usar toda la fuerza que considere necesaria para evitar o poner fin a un delito, por lo que el concepto de fuerza proporcional que hoy se exige para que se reconozca la legítima defensa no tiene cabida. Pero el uso de esa fuerza debe aplicarse única y exclusivamente para evitar o poner fin a un crimen, para lo cual atenderemos al proceso de comisión del mismo, que viene determinado por la definición del tipo penal en cuestión.

 Pero esto nos lleva a la pregunta de ¿no podemos usar la fuerza para detener a un presunto delincuente que presuntamente nos ha agredido? Obviamente sí que podemos, pero en este caso, a diferencia de lo que sucede con la legítima defensa, la proporcionalidad en el uso de la fuerza sí debe ser tenida en cuenta. Dado que el delito está consumado, lo que queda por ver es si el presunto delincuente es o no culpable y para ello debe ser juzgado. Ponerlo ante la justicia será el objetivo y por tanto, la fuerza a utilizar será solo la necesaria para detenerlo. En estos casos, como sucede ahora, será un juez quien decida si ese uso de la fuerza fue o no excesivo.

Restitución sí pero...

Diversos autores libertarios, entre ellos M.Rothbard y R.Barnett abogan por un sistema de justicia en el que para determinar las sanciones (sea en forma solo de reparación como Barnett o en forma, además, de castigo como Rothbard) solo atienden al resultado del hecho dañoso. La criminalidad del hecho, y por tanto su sanción, viene determinada solo por el resultado del hecho. Si este es destructivo de un bien jurídico (vida, libertad o propiedad) automáticamente se considera un crimen con idéntica sanción.

 Contemplemos cuatro supuestos:

 -A es un tipo dispuesto a suicidarse llevándose a alguien por delante. Coge su todo terreno y comienza a circular a alta velocidad por una carretera de dos direcciones. En una curva se mete intencionadamente en el carril contrario por el que viene Fulano conduciendo su pequeño utilitario. Se produce el choque y Fulano muere en el acto.

 -B es un amante del riesgo. Le gusta correr con su coche. Coge su todo terreno y comienza a circular a alta velocidad por una carretera de dos direcciones. En una curva no puede evitar meterse en el carril contrario por el que viene Fulano conduciendo su pequeño utilitario. Se produce el choque y Fulano muere en el acto. 

-C después de un día muy estresante en el trabajo ha acabado discutiendo con su jefe. Está cabreadísimo. Sale del trabajo hecho una furia. Coge su todo terreno y comienza a circular a alta velocidad por una carretera de dos direcciones. No está atento a nada salvo a la discusión con su jefe. En una curva se mete sin darse cuenta en el carril contrario por el que viene Fulano conduciendo su pequeño utilitario. Se produce el choque y Fulano muere en el acto.

 -D va circulando con su todo terreno por una carretera de dos direcciones, en una curva se produce el reventón de una de sus ruedas, el coche da un volantazo y se mete en el carril contrario por el que viene Fulano conduciendo su pequeño utilitario. Se produce el choque y Fulano muere en el acto.

 Una persona que hubiese observado estas cuatro situaciones desde la lejanía, digamos desde 50 metros, podría pensar que son idénticas, pero nosotros sabemos que no lo son. Del mismo modo un juez que juzgara el caso no podría quedarse simplemente en el resultado del suceso (la muerte de Fulano) y en su desarrollo (coche que invade carril contrario). Es obvio que los cuatro supuestos no pueden ser tratados jurídicamente de la misma forma. Sin embargo un sistema restitutivo de justicia (con o sin castigo añadido) trataría igual los cuatro casos atendiendo solo al resultado de los mismos. Se ha producido un homicidio (persona que causa la muerte a otra) y esa muerte debe ser restituida.

 Esta forma de entender la sanción es, a mi juicio, tan extremista como la que atiende en exceso a la intencionalidad sin reparar en el resultado de las acciones. Los sistemas punitivos actuales, con su creencia en la reeducación, tienden a prestar una excesiva atención a la intencionalidad, dejando de lado el resultado de las acciones. Así en España un homicidio doloso (intencionado) tiene una pena de 10 a 15 años. Sin embargo alguien que mata a una persona con su coche, en una imprudencia grave, apenas cumplirá tres años en prisión, a pesar de que el resultado de su acción es el más grave posible, la destrucción de una vida humana.

 Por el contrario el sistema de justicia libertario se basa en la restitución, esto es, reparar a la víctima completamente en el daño causado. Si A roba a B 1000€ debe devolver ese dinero. Si no lo tiene tendrá que trabajar para devolverlo. Si A asesina a B, los familiares de B podrían en justicia reclamar la ejecución de B (este sería el límite máximo de lo que podrían reclamar, pero podrían exigir menos o nada).

 Sin embargo un sistema puramente restitutivo dejaría fuera el tema del dolo o la imprudencia, dado que solo se atendería al resultado de la acción, que es lo que marca el bien jurídico que se debe restituir. Así, en el ejemplo del inicio, llegaríamos al despropósito de que los familiares de Fulano podrían reclamar la ejecución no solo de A (el psicópata) sino también de B,C o incluso D (se podría argumentar que la ejecución del homicida no es aceptable ya que no repara nada, pero esto es ya otro tema de discusión que dejamos para otra ocasión).

 Me parece, por tanto, que cualquier sistema judicial que pretenda ser justo debe diferenciar entre dolo e imprudencia.Así y todo, el sistema restitutivo debe ser la base de todo sistema judicial. Es el más justo por diversas razones, la primera de ellas porque ningún otro piensa tanto en la víctima como este. Pero debe ser matizado atendiendo a los conceptos de dolo e imprudencia, so pena de caer en los despropósitos antes señalados.

Es, en mi opinión, un principio universal de justicia tratar igual lo que es igual, y de forma distinta lo que es distinto. Dar el mismo tratamiento a un psicópata que al que se le revienta una rueda no es respetar este principio. Pero el hecho de atender al dolo y a los diversos tipos de imprudencia , nos lleva, necesariamente, a la determinación de las sanciones, que siempre y por fuerza es arbitraria. La sanción por la muerte causada por A será una muy distinta a la causada por D.

 La arbitrariedad en la determinación de las sanciones es un problema irresoluble. No existe ningún sistema sancionador donde las penas no sean arbitrarias. Ni siquiera el Talión se libra de ello (con ser el menos arbitrario), ya que, por ejemplo, un delito como la agresión sexual es difícil de reproducir en forma de castigo o restitución sin caer en lo grotesco (el violador debería ser violado).

 Los daños contra la propiedad son los que menos problemas teóricos presentan. Toda propiedad puede ser valorada monetariamente, con lo que la sanción restitutiva es fácil de determinar.

 Los delitos contra la integridad física y contra la libertad presentan, sin embargo, más problemas. Primero, el culpable debería financiar la recuperación total de la víctima. Si, como Rothbard, creemos en un castigo añadido, un delito de lesiones podría, en principio, ser reproducido causando al agresor la misma lesión que él ha causado a la víctima. No obstante no siempre será fácil. Las lesiones pueden variar, el castigo podría llegar a sobrepasar al delito de forma involuntaria.

 La pena de muerte por su parte plantea el problema de su irreversibilidad y, como hemos apuntado antes, un homicidio no puede ser reparado. La víctima no puede ser llevada al estado anterior a la agresión. Además, si posteriormente se demuestra que el ejecutado era inocente se plantearían numerosos problemas.

Con los delitos contra la libertad pasa lo mismo. Si a la reparación se quiere añadir un castigo el secuestrador debería ser encarcelado, lo que nos lleva a mantener el actual sistema de presidios.

 Es por esto que tradicionalmente los sistemas restitutivos de justicia, que fueron mayoritarios hasta la formación de los estados modernos, usaban por costumbre las multas para todo tipo de delitos, incluso los más graves. Como refuerzo de ello establecían la proscripción para aquellos que se negaban a cumplir las sentencias de los jueces. Así, por ejemplo, una persona que se negara a cumplir una sentencia era declarada proscrita lo que significaba que quedaba fuera del amparo de la ley, de modo que cualquiera podía apropiarse de sus bienes o incluso acabar con él.

 El hecho de que la determinación de una sanción (uso este término para diferenciarlo de la restitución pura y del castigo “ejemplarizante”) tenga que ser arbitraria, no significa que se haga de forma irracional.

 En resumen, dolo e imprudencia son dos categorías jurídicas tradicionales que en modo alguno pueden ser eliminadas a la hora de impartir justicia. Su mantenimiento puede llevar a la existencia de arbitrariedad en la determinación de las sanciones aplicables, pero esto es preferible a las situaciones injustas y grotescas en que se caería si estas categorías no se aplicaran.