sábado, 1 de agosto de 2015

REFORMA CONSTITUCIONAL (I)


Entre todos aquellos preocupados por la situación política de España la necesidad de que haya  cambios es una constante. Sin embargo difieren bastante en qué cambios necesita España y en cómo lograrlos.

Por un lado tenemos los que podríamos llamar revolucionarios, aquellos que quieren hacer volar el marco institucional actual y rehacerlo a su imagen y semejanza ideológica. Algunos de estos abogan por la toma del poder y desde ahí saltarse todas las leyes para llevar a cabo su programa. Otros creen que de algún modo sus propuestas serán aceptadas democráticamente y la mayoría de la gente las apoyará, consiguiendo con ello cambios radicales de forma pacífica. Están también aquellos que optan por retirarse de la lucha política, esperando que de alguna manera la gente acabará fijándose en ellos como ejemplo de dignidad política y les seguirán en su proyecto.

Luego están los reformistas, que en mayor o menor medida quieren cambios reales pero que tienen en común el aceptar las reglas de juego actuales y el respeto al imperio de la ley. Entre estos últimos me incluyo.

No obstante la pregunta clave es ¿qué cambios necesita España y como lograrlos?

Todos podemos enumerar cambios necesarios y seguramente no nos pondremos de acuerdo en la mayoría de los mismos, lo que implica que difícilmente podrán implementarse al no tener suficiente apoyo.

Por lo tanto la reforma en cuestión no solo debe ser necesaria, sino también posible. Y posible en política significa que dicha propuesta de reforma reúna un consenso amplio en la sociedad porque en caso contrario no se podría implementar salvo o bien por la fuerza, algo que la historia de España ya ha demostrado que es mejor evitar, o por un milagro, y en milagros la gente cada vez cree menos.

Pero ¿cómo conseguir ese consenso? La única forma es que esas propuestas de reforma conciten el apoyo de liberales, socialdemócratas y conservadores. A primera vista parece, lo reconozco, imposible.

Sin embargo no lo es si dichas propuestas se limitan a la regeneración institucional y a los cambios constitucionales y legales necesarios para ello, dejando a un lado propuestas de fondo. Si se limitan a cambios de forma, de procedimientos, de estructura constitucional del Estado, y no a cambios sobre las políticas que ese Estado puede o no puede hacer. 

Porque cuando la convivencia pacífica y en libertad se considera lo más importante resulta claro que la gran diferencia ideológica está entre aquellos que aceptan el imperio de la ley y las reglas del juego, y aquellos que de una forma u otra quieren imponer su visión de las cosas; entre aquellos que reconocen que la sociedad es plural y siempre habrá distintas visones de la economía, la política o la moral, y que, por lo tanto, nunca podrán ver implementado su proyecto político al 100%, y aquellos otros que creen tener toda la razón y creen que cualquier método es válido para imponer su visión de la sociedad.

Y la ¿sorpresa? viene al descubrir que en ambos bandos hay progresistas, conservadores y liberales. En ambos bandos hay quien quiere imponer su modelo y quien reconoce que una sociedad abierta requiere consenso y equilibrios.

Dicho esto, los que forman este último grupo ¿pueden ponerse de acuerdo en algo? Más aún, ¿en qué tipo de reformas podrían ponerse de acuerdo?

Desde luego nunca se pondrán de acuerdo sobre cual política económica seguir, o sobre que es o no es moralmente aceptable. Propuestas de reforma constitucional como las de poner un tope a los impuestos o garantizar que no haya desahucios están totalmente fuera de la realidad porque simplemente no tienen, ni nunca tendrán un apoyo social suficiente.

Creo que solo aquellas reformas que tienen por objetivo combatir la corrupción, reforzar el imperio de la ley, garantizar el equilibrio de poder y, en suma, aumentar el control ciudadano sobre la política pueden concitar el apoyo de varios partidos (apoyo transversal, como les gusta decir tanto a algunos). Apoyo absolutamente necesario para realizar un cambio constitucional.

Entonces ¿qué cambios? La buena noticia es que son conocidos por todos, y que, de hecho, son muchos los que los ven necesarios:

-       -    División de poderes: significa que cada uno de los poderes debe ser totalmente independiente de los demás tanto en su origen y forma de conformarse como a la hora de actuar.

-        -  Justicia independiente: significa que además de estar separada de los otros poderes debe ser ajena a la política y a la lucha partidista.

-       -    Reforma electoral que acabe con la partitocracia instaurando un Legislativo verdaderamente representativo: significa que se debe votar a representantes individuales, con nombre y apellidos y que no tengan que pasar por un filtro previo impuesto por algún partido u organización. Y además significa que el representante debe estar cerca y en contacto permanente con sus electores y debiéndose únicamente a ellos, es decir que debe tener un mandato imperativo.

¿Cómo lograr estos cambios? Yo abogo por una reforma constitucional según los cauces previstos en la propia Constitución. Defiendo este sistema porque me parece el más realista, pacífico y conforme a la ley que se puede encontrar.

En el próximo post, de carácter más jurídico, explicaré como se puede hacer legalmente y en el tercero y último de esta serie propondré una estrategia para lograrlo.



viernes, 5 de junio de 2015

Patria

Es un término polémico. Visto por algunos como uno de los mayores ejemplos de irracionalidad, y por otros como la suma de todo lo mejor que debe amar una persona.

Si a la pregunta ¿qué es la patria? se responde sin meditarlo mucho, probablemente las respuestas no varíen: es el país de uno, del que se tiene la nacionalidad y por el que se siente afecto (raramente la palabra patria es usada por alguien que desprecia su propio país).

Como características de esa patria uno puede dar un conjunto de elementos tales como la lengua, Historia, etnia, religión, cultura, símbolos, etc… Suelen ser de este conjunto de atributos del que ese patriota irreflexivo se siente orgulloso sin ir más allá.

Sin embargo, por ejemplo, si la lengua es característica de la patria ¿no debería el patriota español exigir que todo el mundo hispano fuese una patria?, y en ese caso lo mismo daría vivir en Madrid o en Quito, y habría que pedir ya una especie de gobierno iberoamericano.

Lo mismo puede decirse en cuanto a la Historia, la religión, la etnia, etc…todos son elementos compartidos por muchos pueblos que hoy en día son independientes y soberanos.

Sin embargo existen otros elementos que conforman la patria y que a mi juicio son los que verdaderamente importan y de los que verdaderamente uno puede sentir orgullo: las Leyes y las Instituciones.

La razón está en que realmente solo aquellos elementos que son producto de la voluntad constatable y mayoritaria de ese pueblo que afirma ser una patria pueden ser dignos de orgullo, aunque solo sea porque son construidos por ese pueblo y posteriormente mantenidos por él. El Derecho y las Instituciones políticas y sociales constituyen ese tipo de elementos.

Algunos países, que por sus características carecen de esos otros elementos comunes más básicos o de algunos de ellos (religión, etnia, larga Historia, lengua común…) han producido paradójicamente las mejores muestras de patriotismo. Suiza o EE.UU. son un buen ejemplo de ello.

Suiza carece de lengua común, religión común o etnia común y sin embargo es difícil encontrar un pueblo más patriota en, al menos, toda Europa. Su patriotismo se ha construido a través de los siglos en el amor a sus libertades, tanto individuales como civiles y a sus instituciones y leyes creadas para defender esas libertades y su estilo de vida.

Lo mismo podemos decir de EE.UU. que a pesar de tener una lengua común nunca intentó imponerla, cuya libertad religiosa existió desde antes de su nacimiento y que, como todos sabemos, está conformado por personas de todo el mundo y de todas las culturas. Y antes de que con el tiempo se formase ese American Way of Life ya existía la patria ¿entorno a qué? Como los suizos entorno a la libertad y las leyes e instituciones creadas para protegerla.

Estos países han entendido la patria como una comunidad de Derecho. Un conjunto de leyes e instituciones comunes, con sus símbolos representativos, que constituye la espina dorsal y el corazón, de esos países.

¿Podría entenderse el patriotismo americano sin su Constitución, sin su Bill of Rigths? ¿El patriotismo inglés sin el Common Law, la Carta Magna o su gloriosa Revolución? ¿O el suizo sin su federalismo, neutralidad y tolerancia?

Es este el patriotismo positivo al que España debería aspirar y no pretender que la gente se emocione por fuerza con los Reyes Católicos, el Cid, la paella o los toros.

Ese otro patriotismo básico (algunos dirían burdo, o aún palabras más gruesas) debe quedar, como la religión en el interior de cada uno, donde siempre será respetado, y no pretender imponerlo a todo el mundo, como se hizo en el pasado con algunas creencias.

Ese patriotismo entorno a las Instituciones y las Leyes que el pueblo crea es lo que habitualmente se ha llamado patriotismo constitucional, ya que exige que exista una Constitución, oral u escrita, que actúe como norma suprema que establezca las reglas del juego por las que esa comunidad de Derecho se va a regir.

Como es lógico cuanto más neutra y formal sea esa Constitución más estable y duradera será, y en sentido contrario, cuanto más partidista y sustantiva más inestable e ineficaz.

Ese era precisamente el objetivo de todos los constitucionalistas republicanos, crear normas, por lo general no muy extensas, que se enfocan en la forma, en el proceso, manteniéndose neutral por lo general en cuanto al fondo de las leyes, las cuales variarán según los cambios que se produzcan en la sociedad y que quedarán reflejados en las decisiones de los representantes legislativos elegidos por el pueblo.

De ahí que la Constitución americana y la inglesa sean dos buenos ejemplos de lo que debe ser una Constitución, a pesar del asedio y desgaste al que están siendo sometidas, y la española o cualquier otra de Europa continental, cargadas de ideología,  ejemplos de lo que de ningún modo debe ser una Constitución.

Y vale la pena recordar que aunque en la actualidad nuestras constituciones son marcadamente socialdemócratas, no escasean los liberales a los que les gustaría que las constituciones contuviesen normas de contenido sustantivo, en este caso liberal, como una limitación a los impuestos o al gasto público. Esto, claro está, sería un error y llevaría a constantes enfrentamientos civiles, como ocurrió en los siglos XIX y XX.


Merece la pena volver a leerse la Constitución americana y sus enmiendas. No es muy extensa y sin embargo, es difícil encontrar un texto legal con más sentido, a pesar de los lógicos defectos de cualquier creación humana.

domingo, 17 de mayo de 2015

Republicanismo clásico (I)

La Tradición Republicana es el nombre de la tesis doctoral del profesor de Derecho de la Universidad de Jaén, Ramón Ruiz Ruiz. Se trata de una obra muy interesante que hace un recorrido histórico por los principales pensadores republicanos y por algunos ejemplos históricos de regímenes republicanos.

En este post os presento las conclusiones con las que el profesor Ruiz cierra su tesis, y que es un resumen bastante acertado de esa ideología, hoy tan incomprendida, que se llama republicanismo.

La tesis completa se puede encontrar en la Red y os animo a todos a que la leáis.

Dicho esto, la principal razón de publicar estas conclusiones es que pueden ser un punto de partida adecuado para tratar las necesidades del republicanismo en la actualidad y, por otro lado, porque algunas de sus manifestaciones no las comparto, por lo que en un posterior post comentaré estas conclusiones.

LA TRADICIÓN REPUBLICANA: CONCLUSIONES.
Por Ramón Ruiz Ruiz

PRIMERA: Existe una tradición de pensamiento político que suele ser denominada como «republicana» y que tiene sus orígenes en la Atenas clásica y en la República romana; tras su desaparición durante la Edad Media, resurgiría en las ciudades-república de la Italia renacentista y, posteriormente, sería acogida en la Inglaterra de los Estuardo, y en los Estados Unidos y la Francia revolucionaria. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, esta tradición republicana entraría en decadencia como consecuencia de los cambios producidos en las circunstancias políticas, sociales y económicas de los modernos Estados europeos y en la mentalidad de sus ciudadanos, que imposibilitarían que, a partir de entonces, fueran aplicadas unas teorías políticas que fueron pensadas para las muy distintas y distantes en el tiempo repúblicas de la Antigüedad. Los principales integrantes de esta tradición son Aristóteles, Polibio, Cicerón, Nicolás de Maquiavelo, Francesco Guicciardini, Donato Giannotti, John Milton, James Harrington, Algernon Sidney, John Adams, los llamados «antifederalistas», el Barón de Montesquieu y, en fin, Jean-Jacques Rousseau. A pesar de las lógicas diferencias existentes entre sus tesis como consecuencia de los muy distintos lugares, épocas y circunstancias en que escribieron, todos ellos comparten, sin embargo, unos ideales, valores, conceptos e incluso propuestas concretas muy similares.

SEGUNDA: Estos autores eran conscientes, asimismo, de pertenecer a una misma tradición de pensamiento filosófico-político, toda vez que compartían una común admiración por la República romana –y, en menor medida, por otras ciudades-
Estado de la Antigüedad, como Atenas y Esparta, o modernas como la República de
Venecia–, tenían como principal referente a los más importantes autores clásicos, como Aristóteles y Cicerón, al tiempo que los escritores precedentes servían de ejemplo e inspiración a los posteriores quienes, a su vez, citaban –y, en ocasiones, copiaban literalmente– a aquéllos.

TERCERA: La común devoción que los integrantes de esta tradición sentían por las repúblicas de la Antigüedad no tenía únicamente un carácter nostálgico, de recuerdo y exaltación de tiempos que consideraban mejores, sino que se debía a una compartida concepción de la Historia que Bobbio califica de «naturalista», en virtud de la cual, puesto que los hombres son iguales en todos los tiempos y lugares, y tienen idénticas virtudes y pasiones, siempre que se repitan las mismas condiciones, el resultado será también idéntico. Es por ello por lo que prácticamente todos se interesaban por conocer la causa de la grandeza y los éxitos de Roma, así como el motivo de que durante tantos siglos sus ciudadanos hubieran conservado su libertad.
Y puesto que la respuesta a estas cuestiones las encontraban invariablemente en las instituciones y las costumbres tradicionales de los romanos, todos ellos propusieron la adopción de las mismas en las naciones de su época –si bien adaptadas a sus circunstancias y particularidades–, con la esperanza de que produjeran aquellos efectos.

CUARTA: El motivo que llevó a todos estos autores a desarrollar sus teorías políticas fue siempre el mismo: tratar de dar respuesta a las situaciones de abuso de poder y de corrupción en que habían caído sus respectivos Estados. Este abuso de poder procedía generalmente de la usurpación del mismo por parte de algún déspota como Julio César en Roma, los distintos patriarcas de la familia Médicis en Florencia, los sucesivos reyes de la dinastía Estuardo en Inglaterra o los monarcas absolutos de la familia Borbón en Francia; sin embargo, en ocasiones, también reaccionaron ante los abusos cometidos por la multitud incontrolada, como sucediera en la Atenas posterior a la Guerra del Peloponeso o en los recién independizados Estados norteamericanos.


QUINTA: Frente al despotismo, los autores republicanos defendían la instauración de regímenes que, a semejanza de la República romana, estuvieran diseñados para preservar la libertad de los ciudadanos, la cual era invariablemente entendida como la condición de no estar sujeto a la voluntad de ningún hombre, sino tan sólo a la ley – precisamente por ello solían definir la República como el imperio de las leyes y no de los hombres–, la cual debía ser igual para todos y superior a todos, gobernados y gobernantes, toda vez que consideraban que si un solo hombre no estaba sometido a ella, todos los demás estarían necesariamente sujetos a éste.

SEXTA: La concepción republicana de la libertad tenía dos dimensiones, una privada y otra pública. La primera de ellas, esto es, la capacidad para vivir conforme al propio arbitrio, dependía del imperio de la ley, pues era ésta la que impedía los abusos de los demás, motivo por el cual se consideraba legítimo que la ley impusiera restricciones a la libertad individual tendentes a garantizar la seguridad de los ciudadanos y la promoción del bien del conjunto de la comunidad. La dimensión pública de la libertad exigía, por su parte, que todos los ciudadanos tuvieran derecho a participar, de un modo u otro, en la elaboración de la ley, esto es, a influir en el proceso de deliberación sobre las limitaciones necesarias para la garantía de la autonomía individual, así como sobre las medidas encaminadas a la promoción del interés común, toda vez que, en caso contrario, aquélla no sería sino una imposición de la voluntad de otras personas sobre el individuo, el cual dejaría, así, de ser considerado libre.

SÉPTIMA: Los teóricos republicanos coinciden en que la participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos, además de imprescindible para que éstos puedan considerarse libres y porque sea de justicia que en una sociedad de iguales todos deban ser oídos a la hora de acordar lo que es beneficioso o perjudicial para la misma, es también conveniente por otra serie de motivos adicionales. En primer lugar, porque así se asegurará que la ley –y las decisiones políticas más trascendentales en general– tenga como finalidad el beneficio del conjunto de la comunidad, puesto que si éstas fueran aprobadas sólo por uno o unos pocos con entera libertad, nada les impediría legislar o decidir a favor de su propio beneficio particular o de clase. Además, entendían los teóricos republicanos que el fruto de la deliberación será siempre mejor si en la misma interviene toda la sociedad que si únicamente lo hace una parte de la misma, pues la comunidad en su conjunto puede discernir mejor lo bueno y lo útil que cualquiera de sus partes, por muy prudentes que sean sus miembros. Otro beneficio de la participación del pueblo en los asuntos públicos será que, gracias a ella, éste ejercitará sus facultades y su razón y dedicará su atención a discutir sobre asuntos importantes como las cualidad es de los candidatos o cuestiones de política interior y exterior, en lugar de dirigir su pensamiento y conversaciones hacia cuestiones superficiales e indignas de ser tenidas en cuenta; además de que cada ciudadano podrá llegar a conocer con mayor detalle la realidad y las necesidades de su comunidad y de sus vecinos, lo que le impulsará a interesarse por ellas y dejar de mirar sólo por sí mismo. También estaban estos autores convencidos de que allí donde todos participaban en la elaboración de las leyes, se aseguraba en mayor medida el puntual cumplimiento de las mismas, puesto que, al sentirse copartícipes, de ellas y no considerarlas como imposiciones ajenas, los individuos las aceptarían y respetarían de mucho mejor grado. Pero, sobre todo, la participación es imprescindible para la conservación misma de la República, pues cualquier régimen que quiera mantenerse necesita que todos quieran su existencia; pero no apoyará un régimen quien no participe del mismo, pues se le estará privando de un aspecto crucial de su vida como es deliberar acerca de lo que es bueno y ventajoso para uno mismo y estará dejando decisiones importantes que le afectan a él y a su comunidad en manos ajenas.

OCTAVA: El ideal de los autores republicanos era la participación directa de los ciudadanos, sin intermediarios, en la cosa pública; sin embargo, debido a la gran extensión de los Estados modernos, como Inglaterra, Francia o los Estados Unidos, no les quedó más remedio que admitir la representación política. Ahora bien, entendían que para que ésta fuera aceptable debían establecerse un número de medidas de seguridad para evitar que los representantes se dejaran conducir por sus propios intereses en lugar de defender los de la comunidad en su conjunto, así como para que no actuaran como amos sino como sirvientes de los ciudadanos.
Estas medidas tenían como finalidad lograr que las asambleas se convirtieran en un retrato en miniatura del pueblo en su conjunto, de modo que los representantes sintieran, actuaran y razonaran como lo harían sus propios representados, lo que se lograría, fundamentalmente, si el número de diputados era muy grande y se elegían en circunscripciones muy numerosas y pequeñas. Recomendaban, además, que las elecciones fueran muy frecuentes –para que a los representantes no les diera tiempo de olvidar su dependencia de sus electores ni de corromperse–, que estuvieran obligados a acatar las instrucciones de sus representados, que hubieran de rendir cuentas al final de su mandato, e incluso, en ocasiones, que fuera posible destituirlos en cualquier momento si se estimaba que no estaban cumpliendo sus obligaciones adecuadamente. Y como medida adicional de seguridad, algunos, como Rousseau, proponían que los diputados no tuvieran potestad para aprobar definitivamente las leyes, sino tan sólo para elaborar propuestas que luego habrían de ser ratificadas por el conjunto de la población en referéndum.

NOVENA: Los republicanos preconizaban la necesidad de la participación activa de todo el pueblo en los asuntos públicos, pero siempre que su poder fuese limitado y controlado, pues no eran partidarios de una democracia «pura» al estilo de la existente en la Atenas de Pericles, sino que entendían que ésta debía ser atemperada combinándola con las otras dos formas de gobierno tradicionales, la aristocracia y la monarquía. La razón de tal precaución era que los integrantes de esta tradición no concebían a la sociedad como un conglomerado homogéneo de individuos, sino que la consideraban compuesta por distintos tipos de ciudadanos que se podían agrupar, grosso modo, en dos grandes bloques: el integrado por los ricos, los aristócratas o los «los mejores», de un lado, y la muchedumbre de los pobres, los vulgares o, simplemente, el pueblo llano, de otro, cada uno con sus propios intereses, necesidades y aspiraciones. Pero como este segundo grupo era mucho más numeroso, la muchedumbre acabaría siempre imponiendo su opinión y gobernando en beneficio propio, instaurándose una tiranía de la mayoría que oprimiría a la minoría. Es por ello por lo que ésta debía estar dotada de los medios de control suficientes para rechazar las medidas que fueran en detrimento de sus intereses; de este modo, dado que para la adopción de las principales decisiones políticas sería preciso contar con el concurso de las dos partes de la sociedad, éstas no podrían perjudicar a ninguna de ellas sino que necesariamente serían provechosas para ambas. Además, aunque coincidían los republicanos en que el pueblo en su conjunto, si no estaba demasiado corrupto, buscaba por lo general el bien, no siempre le era fácil verlo, además de que sus decisiones podían ser precipitadas o fruto de arrebatos de pasión o de entusiasmo; al tiempo que era fácil presa de los demagogos. Por ello, era común considerar que las riendas de la nación habían de dejarse en manos de los mejores ciudadanos de la República. La solución más habitual para conjugar ambos elementos –participación popular y gobierno de los mejores– era la combinación del régimen democrático y el aristocrático, que se solía traducir en la instauración de un senado que propusiera los proyectos de ley y que tomara las decisiones más importantes para la comunidad, las cuales luego habrían de ser ratificadas o rechazadas por el conjunto de la población o por sus representantes.

DÉCIMA: Aunque todos los escritores republicanos se mostraban partidarios de otorgar un papel esencial en la República a la aristocracia, también coinciden en señalar que este término debía ser entendido en su significado propio, esto es, como el gobierno de «los mejores», por lo que era unánime el rechazo a asimilarla a la nobleza hereditaria o a las clases más acaudaladas de la ciudad, pues estimaban que la única nobleza verdadera y la única que habilita para gobernar es la que otorga la virtud, el mérito, la honestidad y la capacidad, de modo que se trataba de una clase abierta a cualquier miembro de la sociedad, independientemente de su linaje o su fortuna.

UNDÉCIMA: Junto a unos elementos democrático y aristocrático, toda República bien constituida debía contar con un componente monárquico, encargado de aplicar las leyes y de ejecutar las decisiones tomadas por el conjunto de la sociedad, pues es menester que estas funciones estén en manos de una sola persona, o de un grupo muy reducido, toda vez que requieren celeridad, unidad de acción, autoridad y, en ocasiones, una gran discreción. Aunque algunos autores modernos, como Montesquieu, propugnaban que el poder ejecutivo estuviera en manos de un monarca que contara, además, con capacidad de veto sobre la legislación (esto último compartido también por Adams) para evitar la usurpación de sus prerrogativas por parte del legislativo, lo más habitual era, sin embargo, que este poder se confiase a uno o varios magistrados elegidos popularmente por un mandato breve, al término del cual deberían rendir cuentas ante el pueblo (que, incluso, podía destituirlo en cualquier momento del mismo), de modo que se conjurase cualquier intento de abuso de poder o de un uso partidista del mismo.

DUODÉCIMA: Uno de los elementos más característicos de la tradición republicana era la combinación que propugnaban de las tres formas puras de gobierno tradicionales que daría lugar a una Constitución mixta, cuyos principales ejemplos históricos lo constituían la República romana y la Monarquía inglesa, en las que los tres componentes estaban representados, respectivamente, por los Comicios, el Senado y los cónsules, en el primer caso, y la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores y el Rey, en el segundo. Muchas eran las ventajas que los republicanos otorgaban a este gobierno mixto, como su estabilidad (a diferencia de los regímenes puros que acababan degenerando inexorablemente conforme a un proceso fijo conocido como anacyclosis), además de que conjugaba la libertad del pueblo con la prudencia de los mejores y la autoridad de los magistrados, se aunaba el esfuerzo de los distintos elementos de la ciudad en torno a un objetivo común y, en fin, gracias a su equilibrio institucional y su sistema de controles y contrapoderes se impedía que ningún individuo o clase social usurpara el poder.

DECIMOTERCERA: Muchos siglos antes de que Montesquieu propusiera su teoría de la separación de poderes, los autores republicanos habían prescrito ya la necesidad de la dispersión del poder político en distintas instituciones y funciones para evitar que nadie pudiera abusar del mismo. Su intención era que para el ejercicio de las tres funciones básicas de gobierno que ya definiera Aristóteles –legislativa, ejecutiva y judicial– fuera preciso el concurso de más de un órgano político –e incluso de más de una clase social–, de modo que cualquier decisión, al poder ser examinada y revocada por una instancia superior necesitaría ser consensuada. Así, la legislación era propuesta por el senado, pero debía ser ratificada por la asamblea popular; la función ejecutiva recaía en los magistrados, pero éstos eran elegidos y controlados por los ciudadanos; y la función judicial solía ser ejercida por aquéllos, si bien las asambleas tenían derecho a revisar sus sentencias. En este sentido, sólo algunos de los últimos autores republicanos (como Montesquieu y Adams) defenderán la necesidad de un poder judicial independiente de los otros dos, que sirva para evitar o mitigar sus excesos y como medio adicional de control de ambos; no obstante, Montesquieu prescribía que los tribunales tuvieran un carácter temporal y que estuvieran integrados por ciudadanos corrientes; y Adams, aunque estimaba que los jueces debían ser profesionales y ejercer su función vitaliciamente, sin embargo defendía la necesidad de la institución del jurado para que se dejara oír la voz del pueblo en la administración de justicia.

DECIMOCUARTA: Otra de las señas de identidad más característica de la tradición republicana era su advertencia de que un adecuado diseño institucional, con ser imprescindible, no era suficiente para conservar la libertad de la República y de sus ciudadanos ni para asegurar la promoción del bien común. Por ello, todos los autores republicanos coincidían en subrayar la necesidad de contar con ciudadanos virtuosos, entendiéndose la virtud cívica, por su parte, como la disposición a participar activamente en los asuntos públicos (para evitar la usurpación del poder), a anteponer el bien de la comunidad al privado (pues la promoción de aquél era el fin de toda República), a obedecer las leyes (dado que éstas constituían el fundamento de la libertad) y a defender la patria ante las amenazas externas, formando parte de la milicia ciudadana (toda vez que en caso de que la República fuera conquistada, se perdería la libertad, al tiempo que no se debía confiar en ejércitos mercenarios o profesionales, pues éstos eran fáciles instrumentos para la opresión). Junto a la virtud cívica, además, los republicanos solían recomendar el fomento de otras cualidades como la frugalidad, la laboriosidad, la honestidad, la templanza, la moderación o la religiosidad.

DECIMOQUINTA: Todos los representantes de esta tradición insistían en que el buen funcionamiento –e incluso la supervivencia misma– de la República requería que sus ciudadanos poseyeran determinadas virtudes, pero también eran plenamente conscientes de que estas demandas no eran naturales, no eran algo que los hombres eligieran espontáneamente –si bien tampoco era algo para lo que no sirvieran congénitamente–, por lo que trataban de ordenar la sociedad de tal modo que su cumplimiento requiriera el menor esfuerzo posible. Por ello, consideraban de vital importancia evitar las grandes diferencias de fortuna entre los ciudadanos, promoviendo una cierta –no absoluta– igualdad material entre ellos. Ciertamente, la sociedad ideal era concebida como la formada por pequeños agricultores y comerciantes, quienes compartirían unos intereses similares, gracias a lo cual se lograría más fácilmente el consenso y se evitarían los disturbios y los conflictos internos. Una ventaja adicional de esta igualdad material sería que, al contar todos con los medios de subsistencia necesarios, no deberían depender de la voluntad de nadie y podrían participar políticamente de modo independiente y con verdadera libertad.

DECIMOSEXTA: La tradición republicana estima imprescindible recurrir a todos los medios disponibles para inculcar la virtud en los ciudadanos. Dos son los instrumentos más adecuados para tal menester: la educación y la religión. El primero es esencial, pues si no se acostumbra a los individuos a respetar la ley, a obedecer a las autoridades y a mirar por los demás desde la niñez, difícilmente podrá conseguirse cuando lleguen a la madurez; es por ello por lo que todos los integrantes de esta tradición muestran su preocupación por que el Estado se provea de un sistema educativo lo más estricto y eficiente posible. En cuanto a la religión, poco importa a los republicanos que sea o no verdadera (salvo para los ingleses), lo realmente relevante es que los ciudadanos la crean, porque de este modo, temiendo el castigo divino o esperando la recompensa de los dioses, aceptarán más fácilmente los sacrificios que la patria les demande, al tiempo que se conducirán con honradez y buscarán el bien y rechazarán el mal incluso en aquellos supuestos no regulados por la ley o cuando no se sientan vigilados.

DECIMOSÉPTIMA: Un valor importantísimo que los republicanos entendían que era primordial inspirar en los ciudadanos era el patriotismo, pues sólo si estos amaban sinceramente a su patria estarían dispuestos a servirla fielmente, a obedecer sus leyes y a sacrificar sus bienes e intereses, e incluso la vida, por ella. Ahora bien, el patriotismo republicano no era entendido como el amor a una entidad abstracta o impersonal, sino como el apego hacia unas personas concretas, hacia unos compatriotas con quienes convivimos y con quienes compartimos unos intereses y unas leyes comunes, así como un sentimiento de gratitud hacia nuestra República, pues es ella la que nos garantiza nuestra libertad y nuestro bienestar. De modo que se trataba de un sentimiento que posibilitaba el buen funcionamiento de las instituciones y que, a su vez, se veía favorecido por éste, toda vez que se realizarán más fácil y sinceramente todo tipo de sacrificios por un gobierno en el que todos participemos y que mire por el interés de todos, pues sabemos que lo que hagamos a favor de la patria redundará antes o después en nuestro beneficio, en lugar de en el de una o unas pocas personas privilegiadas.


DECIMOCTAVA: Las tesis y propuestas republicanas fueron repetidas por multitud de autores de la talla de los citados y supusieron una doctrina dominante durante más de dos mil años; sin embargo, cuando los Estados crecieron en extensión y aumentaron en población, y cuando las sociedades modernas dejaron de ser eminentemente agrícolas y se extendió la industria y el comercio, empezaron a ser consideradas como anacrónicas y fuera de lugar. En efecto, ahora se hacía difícil sacrificar el interés particular por el bien de una colectividad que apenas se conocía, al tiempo que tampoco era posible participar de forma activa –ni tan siquiera controlar– en un gobierno que distaba cientos de kilómetros; es más, ni era posible ni deseable, toda vez que ahora la principal preocupación de los ciudadanos era enriquecerse con su actividad privada. Es por estos motivos por los que la tradición republicana va a empezar, a partir de entonces, a perder influencia hasta que se verá sustituida por una forma de entender la política y la sociedad más acorde con los nuevos tiempos. Toma, así, el relevo en la lucha contra el despotismo una nueva ideología, el liberalismo, que propugna que dejemos la política en manos de unos profesionales que velarán por nuestra seguridad y bienestar sin contar apenas con nuestra participación, lo cual, por otro lado no supondrá un menoscabo ni de nuestros intereses ni de nuestra libertad. En el primer caso, porque ya no se le pedirá al Estado que se ocupe del bien común, sino, simplemente, que nos permita y, en todo caso, que nos facilite los medios para que seamos nosotros mismos quienes busquemos nuestro propio bien conforme estimemos más oportuno; y respecto a la libertad, ésta, entendida ya en el sentido de no interferencia, se preservará mejor gracias a la limitación del poder y al reconocimiento y la garantía de unos derechos individuales que aquél en ningún caso podrá vulnerar.

domingo, 8 de febrero de 2015

El partido liberal (de mínimos).

El partido liberal no existe en España. Es decir, un partido liberal clásico, sin más apellidos o sobre nombres. Tampoco existe un partido liberal de la clase que sea con posibilidades de ganar unas elecciones.

¿Qué tenemos? Unos cuantos partidos que son liberales en alguna medida y cualquier otra cosa en otra.

Tenemos un partido liberal-conservador, VOX, que junto a elementos liberales defiende la ilegalización absoluta del aborto, la recentralización total de España o la defensa de la cultura judeo-cristiana, por citar algo.

Existe un partido social-liberal, Ciudadanos, que no cuestiona prácticamente nada del sistema actual (aparte la regeneración democrática) y de forma muy general defiende la economía de mercado.

El P-Lib, por su parte, es un partido liberal-libertario en cuyo programa y activismo subyace la idea del estado como un ente criminal y sin justificación alguna.

No hay que ser un lince para darse cuenta que ninguno de estos partidos tiene posibilidad alguna de lograr el doble objetivo de vencer y cambiar las cosas. Vencer y cambiar las cosas.

Ciudadanos podría vencer, es decir como podría hacerlo el PSOE o el PP, pero posee tal cacao ideológico que parece difícil que pudiese llevar a cabo un cambio real en alguna dirección. ¿Por qué? Porque socialismo y liberalismo son aceite y agua y ellos se empeñan en mezclarlos manteniendo el colosal Estado del Despilfarro actual. No hablan de reducir el peso del estado ni un ápice.  

Ciudadanos está, además, recibiendo a todo tipo de gente cuya única ideología es el centrismo y el recuerdo de Suárez. Si Suárez estableció el actual régimen, parece complicado que sus sucesores ideológicos vayan a cambiar gran cosa.

Por su parte P-Lib y VOX quieren cambiar realmente las cosas (no entro a valorar en que sentido cambiarían), pero claramente no pueden ganar. Ambos se obstinan en no querer reconocer como es la sociedad actual, el ethos cultural o político existente. El Quijotismo es su actitud imperante, salir a “desfacer entuertos” que la inmensa mayoría de españoles no considera tales.

VOX defiende algunas posturas muy minoritarias, algunas de las cuales son vistas como auténticamente reaccionarias por prácticamente el 80% de la población (aborto, recentralización de España, su postura ante la religión, etc…) Su empecinamiento en estas materias es legítimo pero hacen que de ninguna manera puedan ser una alternativa política viable.

Lo mismo podemos decir del P-Lib y me remito a lo ya dicho aquí sobre él.

Yo, a diferencia de otros, no doy carnets de liberal. Creo que toda esta gente puede ser llamada legítimamente liberal, pero al ser este término tan amplio, inevitablemente una y otra vez chocan en diversas materias, lo cual acaba dividiéndoles y debilitándoles.

La alternativa solo puede estar en reconocer este hecho y, actuando con gran generosidad y altura de miras, crear un proyecto político entorno a un mínimo común denominador liberal, dejando en el resto de temas una total libertad a los candidatos.

Sería mediante el reconocimiento del sistema de primarias como, más allá de ese común denominador que debe ser defendido por todo militante, los simpatizantes opten por este o aquel candidato con posturas distintas en otros temas.

Otra alternativa realista para construir un partido liberal con posibilidad de éxito, a mi juicio, no hay.

¿Cúal sería ese común denominador? ¿Ese programa de mínimos?

Propongo este:

1-      Regeneración institucional: separación de poderes, imperio de la ley, igualdad ante la ley, sistema electoral…
2-      Defensa de la propiedad privada.
3-      Defensa de las libertades y garantías civiles.
4-      Defensa de la economía libre.
5-      Un estado mínimo dedicado a la seguridad, la protección del que no puede valerse por si mismo y la administración del patrimonio público.

¿No es mucho verdad? Y sin embargo una mejora o avance en cualquiera de esos ámbitos significaría un cambio tan positivo en nuestra sociedad que, en mi opinión, bien vale la pena luchar por esos cinco puntos.

¿Aborto? ¿Monarquía? ¿Autonomías? ¿Privatización? ¿Autodeterminación? ¿Inmigración? ¿UE? No niego la importancia enorme de estos temas pero seamos realistas, ¿vamos a conseguir un consenso liberal entorno a ellos? Ni en mil años. De modo que dejemos que cada candidato exprese su opinión en estos temas defendiendo, al mismo tiempo, el núcleo formado por los cinco puntos. Y que los simpatizantes decidan quien habrá de representarles. Se trataría de un modelo de partido más abierto, más parecido a lo que vemos en EE.UU. o UK.

¿Cúal es la mayor dificultad que presenta esta propuesta? La posibilidad, muy real por otra parte, de que sean esos temas en los que hay tanta discrepancia entre los liberales aquellos a los que, precisamente, no estén dispuestos a renunciar los militantes y simpatizantes de VOX, P-Lib o Ciudadanos.

Si, por ejemplo, para una mayoría de militantes de VOX el tema del aborto está por delante de cualquier otro, o para los de Ciudadanos el de mantener la educación pública como existe en la actualidad o para los del P-Lib las privatizaciones de tantas cosas….bueno en este caso no hay nada que hacer y el liberalismo político seguirá siendo lo que hasta ahora ha sido: nada

domingo, 18 de enero de 2015

Injuria y libertad de expresión



Cuando se trata de establecer los límites a la libertad de expresión se ha considerado tradicionalmente que estos vienen constituidos por dos tipos penales: la calumnia y la injuria.

Aparte de aquellos libertarios que piensan que no debe existir límite alguno y muchos otras personas que, por otro lado, gustosamente limitarían mucho más este derecho fundamental, podemos afirmar que calumnia e injuria han sido los limites más adecuados a y respetuosos con, la libertad de expresión y desde luego yo comparto esta opinión.

No obstante, si bien la calumnia no presenta ningún problema de interpretación, y es fácil de constatar su existencia (acusar falsamente a alguien de la comisión de un delito), cuando de la injuria se trata la cosa, aparentemente, se complica ya que se suele decir que es mucho menos objetiva, y que deja demasiado campo a la interpretación.

Según los que opinan así las interpretaciones de lo que constituye un acto u expresión injuriosa pueden ser tan laxas que en la práctica llevarían a una constante merma de la libertad de expresión.

El objeto de este post es, desde mi punto de vista de abogado y apasionado del Derecho, intentar demostrar que, adecuadamente interpretada, la injuria puede ser tan objetiva como la calumnia.

El Código Penal dice en su artículo 208 que injuria es “la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si bien se debe producir una lesión en algo tan poco definible como la dignidad de la persona, esa lesión debe, necesariamente, menoscabar la fama o atentar contra la propia estimación del ofendido.

Como vemos la injuria presenta dos supuestos: o bien menoscaba la fama de la persona o bien atenta contra la propia estimación del ofendido.

El primer supuesto es ya de por sí razonablemente objetivo, y se puede cuantificar. El segundo supuesto, sin embargo, plantea algún problema que no obstante es fácilmente salvable, como veremos.

Como decimos el primer supuesto implica menoscabar la fama del ofendido. Esto supone que lo que se dice del ofendido a) debe ser plausible b) debe dañar su reputación o buen nombre, o le debe afectar en alguno de los ámbitos de su vida (profesional, familiar, de pareja, amistades, etc..) Veamos:

a)Debe ser plausible en el contexto de cada caso.

Esto es de sentido común. Si lo que se afirma de alguien no tiene visos de ser verdad, por tener en cuenta las circunstancias que le rodean, o por ser exagerado o increible (como sucede con la sátira), no se daría este requisito.

Por ejemplo si de alguien se dice que es un alienígena que quiere conquistar la tierra manipulando nuestras mentes. O que es el mismo anticristo, difícilmente nadie pensará que esa afirmación es cierta (salvo que no esté en sus cabales).

Sin embargo si de una persona se dice que es un drogadicto, no siéndolo aparentemente, estaríamos, si la persona se sintiese ofendida, casi seguro frente a una posible injuria porque en nuestra sociedad ser un drogadicto es algo, desgraciadamente, bastante común, y constituye una afirmación, en principio, perfectamente plausible.

b) debe dañar su reputación o buen nombre, o le debe afectar en alguno de los ámbitos de su vida (profesional, familiar, de pareja, amistades, etc..)

Siguiendo con el ejemplo del drogadicto, vemos que también se cumpliría este segundo requisito ya que en nuestra sociedad es un hecho objetivo y tiene consecuencias negativas en, probablemente, todos los ámbitos de la vida de una persona, el ser o estar considerado un drogadicto.

Sin embargo, llamar, por ejemplo, a alguien gilipollas difícilmente va a menoscabar la fama de la persona, entre otras cosas porque es complicado definir en qué consiste, de forma general, ser un gilipollas. Y además es tan subjetivo que por sí solo, el llamar gilipollas a alguien no puede generar un consenso social suficiente como para menoscabar la fama de la persona.

Por otro lado habrá veces que una misma afirmación podrá ser una injuria si se lanza contra una persona y no serlo si se lanza contra otra.

Imaginemos que de un hombre se dice que se acuesta con hombres. Si ese hombre es un sacerdote afirmar eso, si fuese falso, constituiría una injuria por las características y obligaciones del sacerdocio. Pero si ese hombre es soltero, progresista defensor de los gays y con familia similar a él, difícilmente se podría argumentar que se le está injuriando. Es decir, el contexto de la persona es fundamental porque solo así podemos saber si su fama está siendo menoscabada.

El segundo supuesto, esto es dañar la propia estimación del ofendido, presenta más problemas ya que algo como la “propia estimación del ofendido” no es fácil de medir ni cuantificar, y es mediante este segundo supuesto, si no existiese el límite que veremos, que se podría herir seriamente la libertad de expresión.

Aceptar este supuesto, sin exigir ningún otro requisito, significaría tanto como aceptar que fuese el propio ofendido el que juzgase si hay injuria, ya que solo él puede conocer cuál es su propia estimación.

Afortunadamente el Código Penal en su artículo 214 establece, implícitamente, un requisito al decir que: “Si el acusado de calumnia o injuria reconociere ante la autoridad judicial la falsedad o falta de certeza de las imputaciones…”

Es decir, también este segundo supuesto y toda injuria de hecho, implícitamente exige que lo que se dice de una persona sea plausible, creíble en algún modo, porque si no fuese así no tendría sentido establecer el supuesto de retractación o reconocimiento de la falsedad de los hechos, ya que de algo que es obvia y abiertamente falso no es necesario reconocer su falsedad. Es evidente que lo es.

De modo que, incluso en el supuesto de que lo dañado sea “la propia estimación de una persona”, ese daño debe hacerse mediante una manifestación plausible sobre el ofendido. Creo que esto tiene implicaciones jurídicas importantes porque deja automáticamente fuera de la injuria a cualquier cosa que sea una sátira, ya que, por su propia naturaleza, toda sátira es abiertamente falsa, aunque solo sea por hiperbólica.

Como se puede ver la injuria es un delito mucho más objetivable de lo que en un principio se puede pensar, y de hecho se está aplicando generalmente de forma correcta por los jueces, salvo cuando hablamos de altas instancias de la magistratura (totalmente politizadas) y cuando se ofende a según que personas.

Por tanto calumnia e injuria deberían ser los únicos límites a la libertad de expresión. Esto significaría, entre otras cosas, que un tipo penal como el del artículo 525 del Código Penal (ofensa a la religión) debería ser eliminado por innecesario y abusivo.

Abusivo ya que es prácticamente imposible criticar a una religión sin ofenderla debido a que, hechos que para un ateo o miembro de otra religión son completamente absurdos y, muchas veces, criminales, son para los creyentes dogmas de fe. Piénsese la dificultad de hacer una crítica libre sin llegar a ofender a alguien.

Creo además que es un tipo penal completamente innecesario ya que dentro de la injuria y la calumnia cualquier auténtico daño a los sentimientos religiosos podría ser castigado.

Para finalizar es importante recordar que la calumnia y la injuria son delitos privados, los únicos que quedan en el CP. Esto significa que solo a instancia del ofendido o de sus familiares si él no puede, podría querellarse alguien. Y es lógico que así sea porque como decíamos solo el ofendido puede decir si se siente dañado.

Piénsese, en función de esto último, que sentido tiene defender el honor de un tipo muerto hace 1500 años, por muy importante que sea para muchas personas.

sábado, 3 de enero de 2015

Independecia judicial

La separación de poderes es una condición sine qua non para poder hablar de Estado de Derecho y conseguir un mayor control y limitación del Poder.

En lo que se refiere al Poder Judicial cabe preguntarse cómo se implementaría esa separación respecto a los otros poderes.

¿Cómo garantizar la independencia de los jueces y, en su caso, del resto de personal que conforma este poder tan esencial?

La función judicial consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. A esta función primordial cabe añadir aquellas otras necesarias para poder cumplirla, tales como la instrucción de los casos, la organización y administración de los medios materiales y personales necesarios en los juzgados, el papel que debe tener el Ministerio Fiscal (que no forma parte propiamente dicho del Poder Judicial), el control de la constitucionalidad de las leyes y actos de la Administración, etc…

Quizás para determinarlo sea bueno comenzar por ver dónde esa independencia se quiebra en la actualidad.

A la carrera judicial se ingresa (con las excepciones que veremos) por la superación de unas oposiciones a judicatura muy duras y un curso preparatorio. Aprobadas ambas se entra con la categoría de Juez.

La siguiente categoría es la de Magistrado. La tienen aquellos jueces que pasan a  formar parte de un tribunal/audiencia o de ciertos juzgados unipersonales (de lo contencioso-administrativo o de menores, por ejemplo).

La última categoría es la de Magistrado del Tribunal Supremo, que como indica su nombre la tienen solo aquellos magistrados que forman parte de ese tribunal.

El acceso a los diferentes puestos se realiza mediante unas normas objetivas y prefijadas hasta que se llega a los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma. Este es el primer peldaño donde la independencia judicial se quiebra. Los magistrados son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (órgano totalmente politizado, como veremos después) de entre los propuestos por las asambleas de las comunidades autónomas (más politización). Además, uno de cada tres de estos magistrados no proviene de la carrera judicial sino que se trata de juristas de reconocido prestigio (habitualmente profesores de universidad, con todo lo que esto significa en nuestro país).

Lo mismo ocurre en el Tribunal Supremo. Es el CGPJ quien nombra o propone para el nombramiento a los magistrados. Además una de cada cinco plazas se reserva para juristas de reconocido prestigio ajenos a la carrera judicial, tal y como hemos visto en los TSJ.

En cuanto al CGPJ, sus miembros son propuestos por el Congreso. Actualmente el sistema de nombramiento ha sido derogado a la espera de que se apruebe el proyecto de ley del PP que aumentará, aún más si cabe, la politización de este órgano.

Por si fuera poco, el control de la constitucionalidad de las leyes, normas y actos de la Administración, junto al tan esencial recurso de amparo para la defensa de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos se otorga a un órgano ajeno al Poder Judicial, el llamado Tribunal Constitucional, cuyos miembros son propuestos por el Congreso, el Senado, el Gobierno y el propio CGPJ.

Como vemos la independencia judicial brilla por su ausencia en nuestro ordenamiento.
El primer paso, por tanto, para conseguir un poder judicial independiente es cambiar completamente el sistema de elección de los magistrados, de los magistrados del Tribunal Supremo y de los miembros del CGPJ.

La opción que propongo es un sistema de provisión automática mediante concurso de méritos según un baremo de puntos objetivo y previamente fijado. En el caso de que se de un empate a puntos para una misma vacante el puesto sería para el candidato con más tiempo en la carrera judicial, y si sigue el empate se podrían utilizar otros criterios como la edad o se podría realizar un sorteo entre los aspirantes.

El siguiente paso es la despolitización del CGPJ mediante la modificación del sistema de elección de sus miembros que pasarán a ser elegidos en elecciones secretas por todo o parte del personal de la Administración de Justicia. Algunos proponen que todo jurista, no solo jueces, sino también abogados, personal de los juzgados, procuradores, etc… intervengan en la elección de los miembros del CGPJ. Esto es discutible pero ya se restrinja más o menos el derecho al voto, está claro que solo el cuerpo de juristas debe elegir al CGPJ, porque abrir la elección al pueblo o al Poder Legislativo politizaría y contaminaría al Poder Judicial.

Este órgano tendrá la función de gobierno y administración del Poder Judicial y debería ser el que elaborara una propuesta de presupuesto para el poder judicial.

El tercer paso es la supresión del Tribunal Constitucional cuyas funciones pasan a ser competencia del Poder Judicial, mediante un sistema difuso de control de la constitucionalidad que culmina, vía recursos, en el TS, tal y como ocurre en EE.UU. Es decir cualquier Juzgado o Tribunal puede declarar inconstitucional una ley, siendo el TS el que tendría la última palabra al respecto.

Podría crearse, eso sí, un órgano que se encargase de aquellas competencias que en la actualidad tiene el TC pero que se refieren al arbitraje entre poderes del estado o diferentes entes territoriales, es decir de los llamados recursos de competencia.

El último paso sería reformar el Ministerio Fiscal. En mi opinión los fiscales, tal y como sucede hoy, deberían ingresar en la carrera fiscal tras aprobar las pertinentes oposiciones (que son las mismas que las de judicatura). La diferencia estaría en, por un lado, que serían los fiscales los que se encargarían de la instrucción de los casos (tal y como ya hacen hoy en día en el proceso de menores) y por otro lado, que serían los propios fiscales los que elegirían al Fiscal General del Estado, eliminando de esta forma la dependencia política que en la actualidad tiene este órgano. El método de ascenso en la carrera fiscal sería el mismo que el propuesto para jueces y magistrados.

Los actuales jueces de instrucción deberían elegir entre seguir haciendo sus actuales funciones bajo la categoría de fiscal o bien pasar a ser juez o magistrado juzgador.

A cargo del Ministerio Fiscal (que pasaría a llamarse solo Fiscalía del Estado, eliminando ese matiz gubernativo que tiene la palabra ministerio) debería existir una auténtica policía judicial, independiente también del Ejecutivo y dedicada solo y exclusivamente a la instrucción de los casos que investigue la Fiscalía.