domingo, 17 de mayo de 2015

Republicanismo clásico (I)

La Tradición Republicana es el nombre de la tesis doctoral del profesor de Derecho de la Universidad de Jaén, Ramón Ruiz Ruiz. Se trata de una obra muy interesante que hace un recorrido histórico por los principales pensadores republicanos y por algunos ejemplos históricos de regímenes republicanos.

En este post os presento las conclusiones con las que el profesor Ruiz cierra su tesis, y que es un resumen bastante acertado de esa ideología, hoy tan incomprendida, que se llama republicanismo.

La tesis completa se puede encontrar en la Red y os animo a todos a que la leáis.

Dicho esto, la principal razón de publicar estas conclusiones es que pueden ser un punto de partida adecuado para tratar las necesidades del republicanismo en la actualidad y, por otro lado, porque algunas de sus manifestaciones no las comparto, por lo que en un posterior post comentaré estas conclusiones.

LA TRADICIÓN REPUBLICANA: CONCLUSIONES.
Por Ramón Ruiz Ruiz

PRIMERA: Existe una tradición de pensamiento político que suele ser denominada como «republicana» y que tiene sus orígenes en la Atenas clásica y en la República romana; tras su desaparición durante la Edad Media, resurgiría en las ciudades-república de la Italia renacentista y, posteriormente, sería acogida en la Inglaterra de los Estuardo, y en los Estados Unidos y la Francia revolucionaria. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, esta tradición republicana entraría en decadencia como consecuencia de los cambios producidos en las circunstancias políticas, sociales y económicas de los modernos Estados europeos y en la mentalidad de sus ciudadanos, que imposibilitarían que, a partir de entonces, fueran aplicadas unas teorías políticas que fueron pensadas para las muy distintas y distantes en el tiempo repúblicas de la Antigüedad. Los principales integrantes de esta tradición son Aristóteles, Polibio, Cicerón, Nicolás de Maquiavelo, Francesco Guicciardini, Donato Giannotti, John Milton, James Harrington, Algernon Sidney, John Adams, los llamados «antifederalistas», el Barón de Montesquieu y, en fin, Jean-Jacques Rousseau. A pesar de las lógicas diferencias existentes entre sus tesis como consecuencia de los muy distintos lugares, épocas y circunstancias en que escribieron, todos ellos comparten, sin embargo, unos ideales, valores, conceptos e incluso propuestas concretas muy similares.

SEGUNDA: Estos autores eran conscientes, asimismo, de pertenecer a una misma tradición de pensamiento filosófico-político, toda vez que compartían una común admiración por la República romana –y, en menor medida, por otras ciudades-
Estado de la Antigüedad, como Atenas y Esparta, o modernas como la República de
Venecia–, tenían como principal referente a los más importantes autores clásicos, como Aristóteles y Cicerón, al tiempo que los escritores precedentes servían de ejemplo e inspiración a los posteriores quienes, a su vez, citaban –y, en ocasiones, copiaban literalmente– a aquéllos.

TERCERA: La común devoción que los integrantes de esta tradición sentían por las repúblicas de la Antigüedad no tenía únicamente un carácter nostálgico, de recuerdo y exaltación de tiempos que consideraban mejores, sino que se debía a una compartida concepción de la Historia que Bobbio califica de «naturalista», en virtud de la cual, puesto que los hombres son iguales en todos los tiempos y lugares, y tienen idénticas virtudes y pasiones, siempre que se repitan las mismas condiciones, el resultado será también idéntico. Es por ello por lo que prácticamente todos se interesaban por conocer la causa de la grandeza y los éxitos de Roma, así como el motivo de que durante tantos siglos sus ciudadanos hubieran conservado su libertad.
Y puesto que la respuesta a estas cuestiones las encontraban invariablemente en las instituciones y las costumbres tradicionales de los romanos, todos ellos propusieron la adopción de las mismas en las naciones de su época –si bien adaptadas a sus circunstancias y particularidades–, con la esperanza de que produjeran aquellos efectos.

CUARTA: El motivo que llevó a todos estos autores a desarrollar sus teorías políticas fue siempre el mismo: tratar de dar respuesta a las situaciones de abuso de poder y de corrupción en que habían caído sus respectivos Estados. Este abuso de poder procedía generalmente de la usurpación del mismo por parte de algún déspota como Julio César en Roma, los distintos patriarcas de la familia Médicis en Florencia, los sucesivos reyes de la dinastía Estuardo en Inglaterra o los monarcas absolutos de la familia Borbón en Francia; sin embargo, en ocasiones, también reaccionaron ante los abusos cometidos por la multitud incontrolada, como sucediera en la Atenas posterior a la Guerra del Peloponeso o en los recién independizados Estados norteamericanos.


QUINTA: Frente al despotismo, los autores republicanos defendían la instauración de regímenes que, a semejanza de la República romana, estuvieran diseñados para preservar la libertad de los ciudadanos, la cual era invariablemente entendida como la condición de no estar sujeto a la voluntad de ningún hombre, sino tan sólo a la ley – precisamente por ello solían definir la República como el imperio de las leyes y no de los hombres–, la cual debía ser igual para todos y superior a todos, gobernados y gobernantes, toda vez que consideraban que si un solo hombre no estaba sometido a ella, todos los demás estarían necesariamente sujetos a éste.

SEXTA: La concepción republicana de la libertad tenía dos dimensiones, una privada y otra pública. La primera de ellas, esto es, la capacidad para vivir conforme al propio arbitrio, dependía del imperio de la ley, pues era ésta la que impedía los abusos de los demás, motivo por el cual se consideraba legítimo que la ley impusiera restricciones a la libertad individual tendentes a garantizar la seguridad de los ciudadanos y la promoción del bien del conjunto de la comunidad. La dimensión pública de la libertad exigía, por su parte, que todos los ciudadanos tuvieran derecho a participar, de un modo u otro, en la elaboración de la ley, esto es, a influir en el proceso de deliberación sobre las limitaciones necesarias para la garantía de la autonomía individual, así como sobre las medidas encaminadas a la promoción del interés común, toda vez que, en caso contrario, aquélla no sería sino una imposición de la voluntad de otras personas sobre el individuo, el cual dejaría, así, de ser considerado libre.

SÉPTIMA: Los teóricos republicanos coinciden en que la participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos, además de imprescindible para que éstos puedan considerarse libres y porque sea de justicia que en una sociedad de iguales todos deban ser oídos a la hora de acordar lo que es beneficioso o perjudicial para la misma, es también conveniente por otra serie de motivos adicionales. En primer lugar, porque así se asegurará que la ley –y las decisiones políticas más trascendentales en general– tenga como finalidad el beneficio del conjunto de la comunidad, puesto que si éstas fueran aprobadas sólo por uno o unos pocos con entera libertad, nada les impediría legislar o decidir a favor de su propio beneficio particular o de clase. Además, entendían los teóricos republicanos que el fruto de la deliberación será siempre mejor si en la misma interviene toda la sociedad que si únicamente lo hace una parte de la misma, pues la comunidad en su conjunto puede discernir mejor lo bueno y lo útil que cualquiera de sus partes, por muy prudentes que sean sus miembros. Otro beneficio de la participación del pueblo en los asuntos públicos será que, gracias a ella, éste ejercitará sus facultades y su razón y dedicará su atención a discutir sobre asuntos importantes como las cualidad es de los candidatos o cuestiones de política interior y exterior, en lugar de dirigir su pensamiento y conversaciones hacia cuestiones superficiales e indignas de ser tenidas en cuenta; además de que cada ciudadano podrá llegar a conocer con mayor detalle la realidad y las necesidades de su comunidad y de sus vecinos, lo que le impulsará a interesarse por ellas y dejar de mirar sólo por sí mismo. También estaban estos autores convencidos de que allí donde todos participaban en la elaboración de las leyes, se aseguraba en mayor medida el puntual cumplimiento de las mismas, puesto que, al sentirse copartícipes, de ellas y no considerarlas como imposiciones ajenas, los individuos las aceptarían y respetarían de mucho mejor grado. Pero, sobre todo, la participación es imprescindible para la conservación misma de la República, pues cualquier régimen que quiera mantenerse necesita que todos quieran su existencia; pero no apoyará un régimen quien no participe del mismo, pues se le estará privando de un aspecto crucial de su vida como es deliberar acerca de lo que es bueno y ventajoso para uno mismo y estará dejando decisiones importantes que le afectan a él y a su comunidad en manos ajenas.

OCTAVA: El ideal de los autores republicanos era la participación directa de los ciudadanos, sin intermediarios, en la cosa pública; sin embargo, debido a la gran extensión de los Estados modernos, como Inglaterra, Francia o los Estados Unidos, no les quedó más remedio que admitir la representación política. Ahora bien, entendían que para que ésta fuera aceptable debían establecerse un número de medidas de seguridad para evitar que los representantes se dejaran conducir por sus propios intereses en lugar de defender los de la comunidad en su conjunto, así como para que no actuaran como amos sino como sirvientes de los ciudadanos.
Estas medidas tenían como finalidad lograr que las asambleas se convirtieran en un retrato en miniatura del pueblo en su conjunto, de modo que los representantes sintieran, actuaran y razonaran como lo harían sus propios representados, lo que se lograría, fundamentalmente, si el número de diputados era muy grande y se elegían en circunscripciones muy numerosas y pequeñas. Recomendaban, además, que las elecciones fueran muy frecuentes –para que a los representantes no les diera tiempo de olvidar su dependencia de sus electores ni de corromperse–, que estuvieran obligados a acatar las instrucciones de sus representados, que hubieran de rendir cuentas al final de su mandato, e incluso, en ocasiones, que fuera posible destituirlos en cualquier momento si se estimaba que no estaban cumpliendo sus obligaciones adecuadamente. Y como medida adicional de seguridad, algunos, como Rousseau, proponían que los diputados no tuvieran potestad para aprobar definitivamente las leyes, sino tan sólo para elaborar propuestas que luego habrían de ser ratificadas por el conjunto de la población en referéndum.

NOVENA: Los republicanos preconizaban la necesidad de la participación activa de todo el pueblo en los asuntos públicos, pero siempre que su poder fuese limitado y controlado, pues no eran partidarios de una democracia «pura» al estilo de la existente en la Atenas de Pericles, sino que entendían que ésta debía ser atemperada combinándola con las otras dos formas de gobierno tradicionales, la aristocracia y la monarquía. La razón de tal precaución era que los integrantes de esta tradición no concebían a la sociedad como un conglomerado homogéneo de individuos, sino que la consideraban compuesta por distintos tipos de ciudadanos que se podían agrupar, grosso modo, en dos grandes bloques: el integrado por los ricos, los aristócratas o los «los mejores», de un lado, y la muchedumbre de los pobres, los vulgares o, simplemente, el pueblo llano, de otro, cada uno con sus propios intereses, necesidades y aspiraciones. Pero como este segundo grupo era mucho más numeroso, la muchedumbre acabaría siempre imponiendo su opinión y gobernando en beneficio propio, instaurándose una tiranía de la mayoría que oprimiría a la minoría. Es por ello por lo que ésta debía estar dotada de los medios de control suficientes para rechazar las medidas que fueran en detrimento de sus intereses; de este modo, dado que para la adopción de las principales decisiones políticas sería preciso contar con el concurso de las dos partes de la sociedad, éstas no podrían perjudicar a ninguna de ellas sino que necesariamente serían provechosas para ambas. Además, aunque coincidían los republicanos en que el pueblo en su conjunto, si no estaba demasiado corrupto, buscaba por lo general el bien, no siempre le era fácil verlo, además de que sus decisiones podían ser precipitadas o fruto de arrebatos de pasión o de entusiasmo; al tiempo que era fácil presa de los demagogos. Por ello, era común considerar que las riendas de la nación habían de dejarse en manos de los mejores ciudadanos de la República. La solución más habitual para conjugar ambos elementos –participación popular y gobierno de los mejores– era la combinación del régimen democrático y el aristocrático, que se solía traducir en la instauración de un senado que propusiera los proyectos de ley y que tomara las decisiones más importantes para la comunidad, las cuales luego habrían de ser ratificadas o rechazadas por el conjunto de la población o por sus representantes.

DÉCIMA: Aunque todos los escritores republicanos se mostraban partidarios de otorgar un papel esencial en la República a la aristocracia, también coinciden en señalar que este término debía ser entendido en su significado propio, esto es, como el gobierno de «los mejores», por lo que era unánime el rechazo a asimilarla a la nobleza hereditaria o a las clases más acaudaladas de la ciudad, pues estimaban que la única nobleza verdadera y la única que habilita para gobernar es la que otorga la virtud, el mérito, la honestidad y la capacidad, de modo que se trataba de una clase abierta a cualquier miembro de la sociedad, independientemente de su linaje o su fortuna.

UNDÉCIMA: Junto a unos elementos democrático y aristocrático, toda República bien constituida debía contar con un componente monárquico, encargado de aplicar las leyes y de ejecutar las decisiones tomadas por el conjunto de la sociedad, pues es menester que estas funciones estén en manos de una sola persona, o de un grupo muy reducido, toda vez que requieren celeridad, unidad de acción, autoridad y, en ocasiones, una gran discreción. Aunque algunos autores modernos, como Montesquieu, propugnaban que el poder ejecutivo estuviera en manos de un monarca que contara, además, con capacidad de veto sobre la legislación (esto último compartido también por Adams) para evitar la usurpación de sus prerrogativas por parte del legislativo, lo más habitual era, sin embargo, que este poder se confiase a uno o varios magistrados elegidos popularmente por un mandato breve, al término del cual deberían rendir cuentas ante el pueblo (que, incluso, podía destituirlo en cualquier momento del mismo), de modo que se conjurase cualquier intento de abuso de poder o de un uso partidista del mismo.

DUODÉCIMA: Uno de los elementos más característicos de la tradición republicana era la combinación que propugnaban de las tres formas puras de gobierno tradicionales que daría lugar a una Constitución mixta, cuyos principales ejemplos históricos lo constituían la República romana y la Monarquía inglesa, en las que los tres componentes estaban representados, respectivamente, por los Comicios, el Senado y los cónsules, en el primer caso, y la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores y el Rey, en el segundo. Muchas eran las ventajas que los republicanos otorgaban a este gobierno mixto, como su estabilidad (a diferencia de los regímenes puros que acababan degenerando inexorablemente conforme a un proceso fijo conocido como anacyclosis), además de que conjugaba la libertad del pueblo con la prudencia de los mejores y la autoridad de los magistrados, se aunaba el esfuerzo de los distintos elementos de la ciudad en torno a un objetivo común y, en fin, gracias a su equilibrio institucional y su sistema de controles y contrapoderes se impedía que ningún individuo o clase social usurpara el poder.

DECIMOTERCERA: Muchos siglos antes de que Montesquieu propusiera su teoría de la separación de poderes, los autores republicanos habían prescrito ya la necesidad de la dispersión del poder político en distintas instituciones y funciones para evitar que nadie pudiera abusar del mismo. Su intención era que para el ejercicio de las tres funciones básicas de gobierno que ya definiera Aristóteles –legislativa, ejecutiva y judicial– fuera preciso el concurso de más de un órgano político –e incluso de más de una clase social–, de modo que cualquier decisión, al poder ser examinada y revocada por una instancia superior necesitaría ser consensuada. Así, la legislación era propuesta por el senado, pero debía ser ratificada por la asamblea popular; la función ejecutiva recaía en los magistrados, pero éstos eran elegidos y controlados por los ciudadanos; y la función judicial solía ser ejercida por aquéllos, si bien las asambleas tenían derecho a revisar sus sentencias. En este sentido, sólo algunos de los últimos autores republicanos (como Montesquieu y Adams) defenderán la necesidad de un poder judicial independiente de los otros dos, que sirva para evitar o mitigar sus excesos y como medio adicional de control de ambos; no obstante, Montesquieu prescribía que los tribunales tuvieran un carácter temporal y que estuvieran integrados por ciudadanos corrientes; y Adams, aunque estimaba que los jueces debían ser profesionales y ejercer su función vitaliciamente, sin embargo defendía la necesidad de la institución del jurado para que se dejara oír la voz del pueblo en la administración de justicia.

DECIMOCUARTA: Otra de las señas de identidad más característica de la tradición republicana era su advertencia de que un adecuado diseño institucional, con ser imprescindible, no era suficiente para conservar la libertad de la República y de sus ciudadanos ni para asegurar la promoción del bien común. Por ello, todos los autores republicanos coincidían en subrayar la necesidad de contar con ciudadanos virtuosos, entendiéndose la virtud cívica, por su parte, como la disposición a participar activamente en los asuntos públicos (para evitar la usurpación del poder), a anteponer el bien de la comunidad al privado (pues la promoción de aquél era el fin de toda República), a obedecer las leyes (dado que éstas constituían el fundamento de la libertad) y a defender la patria ante las amenazas externas, formando parte de la milicia ciudadana (toda vez que en caso de que la República fuera conquistada, se perdería la libertad, al tiempo que no se debía confiar en ejércitos mercenarios o profesionales, pues éstos eran fáciles instrumentos para la opresión). Junto a la virtud cívica, además, los republicanos solían recomendar el fomento de otras cualidades como la frugalidad, la laboriosidad, la honestidad, la templanza, la moderación o la religiosidad.

DECIMOQUINTA: Todos los representantes de esta tradición insistían en que el buen funcionamiento –e incluso la supervivencia misma– de la República requería que sus ciudadanos poseyeran determinadas virtudes, pero también eran plenamente conscientes de que estas demandas no eran naturales, no eran algo que los hombres eligieran espontáneamente –si bien tampoco era algo para lo que no sirvieran congénitamente–, por lo que trataban de ordenar la sociedad de tal modo que su cumplimiento requiriera el menor esfuerzo posible. Por ello, consideraban de vital importancia evitar las grandes diferencias de fortuna entre los ciudadanos, promoviendo una cierta –no absoluta– igualdad material entre ellos. Ciertamente, la sociedad ideal era concebida como la formada por pequeños agricultores y comerciantes, quienes compartirían unos intereses similares, gracias a lo cual se lograría más fácilmente el consenso y se evitarían los disturbios y los conflictos internos. Una ventaja adicional de esta igualdad material sería que, al contar todos con los medios de subsistencia necesarios, no deberían depender de la voluntad de nadie y podrían participar políticamente de modo independiente y con verdadera libertad.

DECIMOSEXTA: La tradición republicana estima imprescindible recurrir a todos los medios disponibles para inculcar la virtud en los ciudadanos. Dos son los instrumentos más adecuados para tal menester: la educación y la religión. El primero es esencial, pues si no se acostumbra a los individuos a respetar la ley, a obedecer a las autoridades y a mirar por los demás desde la niñez, difícilmente podrá conseguirse cuando lleguen a la madurez; es por ello por lo que todos los integrantes de esta tradición muestran su preocupación por que el Estado se provea de un sistema educativo lo más estricto y eficiente posible. En cuanto a la religión, poco importa a los republicanos que sea o no verdadera (salvo para los ingleses), lo realmente relevante es que los ciudadanos la crean, porque de este modo, temiendo el castigo divino o esperando la recompensa de los dioses, aceptarán más fácilmente los sacrificios que la patria les demande, al tiempo que se conducirán con honradez y buscarán el bien y rechazarán el mal incluso en aquellos supuestos no regulados por la ley o cuando no se sientan vigilados.

DECIMOSÉPTIMA: Un valor importantísimo que los republicanos entendían que era primordial inspirar en los ciudadanos era el patriotismo, pues sólo si estos amaban sinceramente a su patria estarían dispuestos a servirla fielmente, a obedecer sus leyes y a sacrificar sus bienes e intereses, e incluso la vida, por ella. Ahora bien, el patriotismo republicano no era entendido como el amor a una entidad abstracta o impersonal, sino como el apego hacia unas personas concretas, hacia unos compatriotas con quienes convivimos y con quienes compartimos unos intereses y unas leyes comunes, así como un sentimiento de gratitud hacia nuestra República, pues es ella la que nos garantiza nuestra libertad y nuestro bienestar. De modo que se trataba de un sentimiento que posibilitaba el buen funcionamiento de las instituciones y que, a su vez, se veía favorecido por éste, toda vez que se realizarán más fácil y sinceramente todo tipo de sacrificios por un gobierno en el que todos participemos y que mire por el interés de todos, pues sabemos que lo que hagamos a favor de la patria redundará antes o después en nuestro beneficio, en lugar de en el de una o unas pocas personas privilegiadas.


DECIMOCTAVA: Las tesis y propuestas republicanas fueron repetidas por multitud de autores de la talla de los citados y supusieron una doctrina dominante durante más de dos mil años; sin embargo, cuando los Estados crecieron en extensión y aumentaron en población, y cuando las sociedades modernas dejaron de ser eminentemente agrícolas y se extendió la industria y el comercio, empezaron a ser consideradas como anacrónicas y fuera de lugar. En efecto, ahora se hacía difícil sacrificar el interés particular por el bien de una colectividad que apenas se conocía, al tiempo que tampoco era posible participar de forma activa –ni tan siquiera controlar– en un gobierno que distaba cientos de kilómetros; es más, ni era posible ni deseable, toda vez que ahora la principal preocupación de los ciudadanos era enriquecerse con su actividad privada. Es por estos motivos por los que la tradición republicana va a empezar, a partir de entonces, a perder influencia hasta que se verá sustituida por una forma de entender la política y la sociedad más acorde con los nuevos tiempos. Toma, así, el relevo en la lucha contra el despotismo una nueva ideología, el liberalismo, que propugna que dejemos la política en manos de unos profesionales que velarán por nuestra seguridad y bienestar sin contar apenas con nuestra participación, lo cual, por otro lado no supondrá un menoscabo ni de nuestros intereses ni de nuestra libertad. En el primer caso, porque ya no se le pedirá al Estado que se ocupe del bien común, sino, simplemente, que nos permita y, en todo caso, que nos facilite los medios para que seamos nosotros mismos quienes busquemos nuestro propio bien conforme estimemos más oportuno; y respecto a la libertad, ésta, entendida ya en el sentido de no interferencia, se preservará mejor gracias a la limitación del poder y al reconocimiento y la garantía de unos derechos individuales que aquél en ningún caso podrá vulnerar.

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