lunes, 18 de enero de 2016

REFORMA CONSTITUCIONAL (II)




Proponíamos en el post anterior que los cambios necesarios y posibles eran estos:

 - División de poderes: significa que cada uno de los poderes debe ser totalmente independiente de los demás tanto en su origen y forma de conformarse como a la hora de actuar.

 - Justicia independiente: significa que además de estar separada de los otros poderes debe ser ajena a la política y a la lucha partidista.

 - Reforma electoral que acabe con la partidocracia instaurando un Legislativo verdaderamente representativo: significa que se debe votar a representantes individuales, con nombre y apellidos y que no tengan que pasar por un filtro previo impuesto por algún partido u organización. Y además significa que el representante debe estar cerca y en contacto permanente con sus electores y debiéndose únicamente a ellos, es decir que debe tener un mandato imperativo.

Y defendíamos que para llevarlos a cabo la mejor forma es mediante el sistema de reforma constitucional contemplado en nuestra propia Constitución. Veamos cómo.

Las tres reformas arriba indicadas implican la modificación de los Títulos III, IV,V,VI y IX de la Constitución. Esto implica que se pueden llevar a cabo sin necesidad de utilizar el método agravado de reforma reservado para las propuestas que implican la reforma total de la Constitución o cambios en el Título Preliminar, el Título I o el Título II y que implicaría la disolución de las cámaras, ratificación de la propuesta de reforma por las nuevas cámaras elegidas y referéndum obligatorio que apruebe la reforma.

Para la reforma “simple” de la Constitución se requiere “solamente” que ambas cámaras de las Cortes aprueben la reforma por mayoría de 3/5. En caso de que en el senado no se alcanzase esa mayoría se crearía una comisión paritaria y si no se logra el acuerdo, la propuesta de reforma se podría aprobar con el apoyo de 2/3 del congreso y mayoría absoluta del senado. Con este sistema el referéndum no es necesario, salvo que un 10 % de diputados de ambas cámaras así lo soliciten.

Presentar el proyecto de reforma corresponde o bien al gobierno o a las cámaras o a las asambleas de las CC.AA.

En el caso del Congreso las proposiciones deberán ir suscritas por dos grupos parlamentarios o por la quinta parte de los Diputados (lo que supone 70 diputados en vez de 15).

En lo que respecta al Senado pueden presentar una proposición de reforma 50 Senadores que no pertenezcan a un único grupo parlamentario o 25 Senadores.

A las Asambleas de las Comunidades Autónomas se les reconoce únicamente la posibilidad de solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de reforma o bien remitir a la Mesa del Congreso una proposición de reforma constitucional, delegando ante dicha Cámara una Comisión de hasta tres miembros de la Asamblea encargada de su defensa.

Esta propuesta no obliga ni al gobierno ni a la mesa del congreso a tenerlas en consideración por lo que es tan solo una sugerencia.

En la actualidad las Cortes cuentan con 350 diputados y 266 senadores. Tres quintos serían 210 diputados y 170 senadores. Dos tercios del congreso serían 232 diputados y la mayoría absoluta del senado 134 senadores.

Como conseguir que tal número de diputados y senadores estén dispuestos a realizar esos cambios debe ser el objeto de cualquier estrategia hacia la reforma política que defendemos.

El mayor impedimento es la propia partidocracia que nos asola, la cual sería eliminada si la reforma se llevara a cabo. No obstante no es imposible, la propia historia reciente de España tiene ejemplos de una clase dominante que votó para “suicidarse” (Ley para la Reforma Política que puso fin a las Cortes franquistas y que fue aprobada por las propias Cortes franquistas).

Más difícil, o al menos mucho más costoso, es cualquier otra estrategia, y la propuesta aquí es una que respeta el marco constitucional actual y es, por tanto, pacífica y necesita y apela al consenso.

La trataremos en otro post.





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